Sólo tres de las 51 radios comunitarias en las que el gobierno de Fernando Lugo ha contratado anuncios estatales tienen los permisos de rigor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Más aún, por ley este tipo de emisoras no pueden difundir publicidad, reportó ABC Color.
Según el diario, con esta suerte de cadena radial el ejecutivo busca promover sus actividades y contrarrestar a la prensa independiente, y de paso se ha convertido en el sustento económico de 48 emisoras ilegales, con pagos mensuales de más de 400 dólares.
Sin embargo, representantes de las radios comunitarias de Paraguay denunciaron que ciertos sectores de la sociedad “quieren acallar la voz del pueblo en el proceso de cambios" y dijeron ser víctimas de un ataque “contra la libertad de prensa y la democracia”.
Por su parte, la Secretaría de Comunicación negó "cualquier intención de aprovechamiento partidario, sectario, de tales medios” y destacó que este tipo de emisoras son fundamentales en los planes sociales del gobierno. Además, el ministro de Comunicación aseguró que las emisoras calificadas de "ilegales" en la nota de ABC Color están en proceso de regularización.
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