El gobierno federal mexicano atribuye e 78 por ciento de los ataques contra la prensa a los particulares y al crimen organizado, pero grupos defensores de la libertad de expresión atribuyen a las autoridades la responsabilidad de al menos 49 por ciento de las agresiones, reportó Liliana Alcántara, de El Universal.
Según Frank La Rue, relator para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los periodistas e investigar los crímenes en su contra, añade Alcántara.
Defensores de la libertad de expresión aseguran que el silencio y la inacción de las autoridades es lo que más afecta el ejercicio de este derecho en el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos coincide con el diagnóstico.
En su más reciente informe trimestral (archivo PDF), el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Artículo 19 registran 51 agresiones contra periodistas en México y subraya la inactividad de las autoridades. “En lugar de establecer mecanismos de protección para los periodistas, las autoridades se limitan a seguir contando a los muertos”, dijo Darío Ramírez, director en México de Artículo 19.
La muerte de periodistas muestra un cáncer mayor.
México suda calenturas ajenas, las cuales nos tienen seriamente enfermos, y bueno, los reporteros estamos en el fuego cruzado.
Las autoridades mexicanas no investigan los crímenes contra periodistas y cuando los investigan no llegan a nada.
Pero solamente la mitad de las veces es una falla intencional, porque la otra mitad de ocasiones la violencia contra comunicadores sí proviene de la delincuencia organizada.
La ineficacia que muestran las autoridades, especialmente las federales, al desentrañar los crímenes contra periodistas, es la misma que muestran al combatir a la delincuencia organizada, por cualquier homicidio que se les adjudique.
Un comparativo de la cifra de ejecuciones desde el 2000 a la fecha, contra el número de personas sentenciadas por ese tipo de delitos, muestra claramente el porcentaje de impunidad que hay en México.
Sabemos que la mitad de ese 90 por ciento de homicidios contra periodistas y no periodistas, es un fenómeno de corrupción institucional, donde la política y, más claramente dicho, la politiquería y el tráfico de influencias, no dejan avanzar las investigaciones.
Entre los pocos casos resueltos, la mayoría quedan con la duda sobre si los presuntos culpables presentados por la autoridad y sus razones para cometer el delito, son las reales.
Habría que advertir que los ataques a periodistas no son solamente violencia física y que con mayor frecuencia la que viene desde el medio oficial, incluye todo tipo de presiones, iniciando con la laboral.
Están las presiones a editores o dueños de medios (Y quiero pensar que son presiones y no entra en muchos casos el término, "negociaciones") para que cesen a reporteros "molestos".
También se cuentan las auditorias que manda la Hacienda pública federal o la estatal, las detenciones de familiares y las llamadas telefónicas amenazantes.
Por supuesto, en este medio enrarecido, se añaden las advertencias que llegan, por extraños o por medio de compañeros de oficio que han decidido venderse a uno de los bandos.
Los mexicanos estamos sudando una calentura que ni siquiera surge de una infección nuestra.
De hecho no controlamos a los motores que mueven a la delincuencia organizada local. Estos vienen del primer mundo, del cual los mexicanos cada día estamos más lejos.
La delincuencia organizada mexicana nace de la falta de oportunidades laborales y el ingreso de los trabajadores constantemente deteriorado desde 1982.
Es culpa del Consenso de Washington, ejecutado por el FMI y la obediencia ciega de los gobiernos de México desde hace 27 años
El otro motor son los dólares, los miles de millones de dólares que docenas de millones de estadounidenses adictos pagan a los traficantes, y la estrategia de Washington de que la justicia y el narcotráfico se combata ferozmente, sí, pero sobre los bueyes de sus vecinos.
Y mientras no haya gobiernos eficientes, gobiernos capaces de señalar al culpable, no habrá seguridad pública eficiente en México, para nadie, y eso incluye a los comunicadores.
Hoy por hoy, para los millones de jóvenes mexicanos (y podríamos decir que de latinoamericanos) hijos de familias empobrecidas, está más cerca un revolver para cometer un delito, que un lugar en una institución de educación superior y luego, un empleo que le otorgue un proyecto de vida del cual no tenga que avergonzarse alguna vez.
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