La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el martes 24 de agosto que el gobierno iniciará una acción judicial en contra de los dos mayores periódicos del país, Clarín y La Nación, acusándolos de apropiación ilegal de la fábrica de papel de periódico Papel Prensa durante la dictadura militar (1976-1983), reportaron la agencia official de noticias Télam y La Razón.

Fernández presentó un informe en el que acusa a ambos periódicos de comprar la papelera utilizando presiones y violaciones a los derechos humanos. La mayor productora de papel periódico en Argentina opera como una sociedad entre los diarios Clarín, La Nación y el Estado.

La presidenta también anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para declarar la producción de pasta celulosa y de papel de periódico como una “actividad de interés público”, afirmó Clarín. El término, explicó la Agência Estado permite al gobierno fijar precios y cuotas de producción, así como beneficios fiscales y hasta restricciones en la composición de la sociedad que controla la compañía y las operaciones de compra y venta de acciones de la empresa. Fernández alegó que Papel Prensa ha privilegiado a sus accionistas mayoritarios (Clarín y La Nación) en detrimento de los demás periódicos, a través de prácticas de comercio desleal.

Según la mandataria, el proyecto de ley también propondrá una Comisión de Seguimiento para que los legisladores elaboren un marco regulatorio sobre el uso del papel periódico y participen de reuniones del directorio de Papel Prensa, agregó Télam.

Los dos periódicos negaron cualquier irregularidad en la compra de la papelera y se consideraron víctimas de una persecución política. Argumentaron que en su presentación del informe, la presidenta cometió, como mínimo, una decena de errores o distorsiones.

Periódicos de diversos países criticaron al gobierno argentino por amenazar la libertad de prensa, reportó Clarín. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en el que califica de “inconstitucional” la intención del gobierno argentino de controlar la producción de papel de periódico.

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