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¿Qué sigue a la ley de acceso a la información? Reporte de avances en la lucha contra la cultura del secreto en Latinoamérica



En los últimos años, varios países de América Latina adoptaron leyes de acceso a la información pública (AIP) con el objeto de promover mayor transparencia en las actividades del gobierno y facilitar su fiscalización por parte de la ciudadanía. Aunque la aprobación de leyes de acceso a la información ciertamente constituye un paso adelante, el reconocimiento legal del derecho no marca el punto final en la ruta hacia una mayor transparencia, de acuerdo con Sociedad Uruguaya.

Con ese desafío en mente, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) publicó el reporte “Venciendo la Cultura del Secreto. Obstáculos a la implementación de políticas y normas de acceso a la información en la región".

El informe, publicado el 2 de junio, intenta indagar cómo está funcionando la implementación de estas leyes, qué hacen los gobiernos para desarrollar políticas públicas de transparencia, y qué reglas se aplican en la región cuando hay conflicto entre los ciudadanos y el Estado con respecto al acceso a la información, entre otras interrogantes. Para ello, se centra en los procesos de implementación de leyes de acceso a la información en siete países de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay, detalló PortalBA. "Observar los programas de implementación e incorporación de esta institución en distintos países, es un asunto central para que estas regulaciones no queden en una simple simulación de apertura, rendición de cuentas y transparencia", señala el reporte en su resumen ejecutivo.

El estudio pone de relieve los obstáculos institucionales, culturales y de participación que enfrenta el acceso a la información para su incorporación a la cultura de las oficinas públicas, explicó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que elaboró el estudio sobre Perú.

De los países analizados, sólo Argentina y Bolivia no cuentan con leyes nacionales de acceso a la información pública, aunque sí poseen otras regulaciones de menor rango. El informe destaca que "aunque persisten disparidades, la evidencia del estudio de estos siete países demuestra que el hecho de tener una ley de AIP reconoce formalmente el derecho y en general facilita su ejercicio, lo cual constituye un avance en cuanto al empoderamiento de los ciudadanos". Sin embargo, enfatiza que "la consolidación del derecho va más allá, y requiere de otros avances del sistema democrático en el que se inserta".

Por ejemplo, el estudio menciona que en Bolivia todavía se exige a quien solicita información que demuestre un "interés legítimo" en el asunto. Además, afirma que "en su gran mayoría", los servidores públicos en muchos de los países analizados "parecen no tener incorporado el deber de brindar el acceso a la información de manera expedita", mientras las leyes no obligan de manera igual a todas las instituciones públicas. "Grandes 'ausentes' en algunos marcos normativos son el Poder Legislativo, institución básica de cualquier democracia, y el Poder Judicial", detalló el reporte.

Sin embargo, destacó a Chile y México como los únicos países en la muestra que permiten a los interesados dar seguimiento a sus peticiones de acceso a la información. El informe reveló, asimismo, que las excusas más usadas para negar acceso a la información son motivos de defensa nacional y la protección de datos personales, especialmente en Chile, México y Uruguay.

Los otros reportes fueron elaborados por Proacceso para Chile, Fundamedios para Ecuador, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) para Bolivia, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en Argentina, el Centro de Análisis e Investigación Fundar en México, y CAinfo en Uruguay.

El estudio contó con el apoyo de la Open Society Fundations a través del Fondo para el Acceso a la Información (Right to Information Fund).




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