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Nuevo marco regulatorio de las comunicaciones es necesario para ampliar la libertad de expresión en Brasil, dice experto



A finales de febrero, el gobierno brasileño anunció que no tramitaría la "implementación de un nuevo marco regulatorio" para las comunicaciones, antes de que finalice el mandato de la presidenta Dilma Rousseff. El tema es controversial y genera una fuerte polarización entre los que creen que una nueva legislación favorecería la descentralización de la industria de las comunicaciones y los que ven esta propuesta como un camino para el regreso de la censura.
 
Para John Brant, experto en regulación y políticas de comunicación de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y miembro del colectivo Intervozes, la sensibilidad del tema ha impedido un debate amplio y abierto, generando interpretaciones erróneas en los sectores de la sociedad. "La preocupación por la injerencia en los contenidos de los medios es absolutamente válida y debe existir, lo que no puede ser es, que en nombre de esa preocupación, se renuncie al debate y a la búsqueda de soluciones", resaltó.
 
Aunque la propuesta concreta, un proyecto de ley para reemplazar el actual modelo - vigente desde 1962 -, aún no está en la mesa de discusiones, una plataforma formada por organizaciones de la sociedad civil estableció las directrices para "democratizar las comunicaciones en Brasil". En entrevista con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Brant discute algunos puntos de estas directrices, defiende la urgencia de la aprobación de un nuevo marco legal y explica por qué considera que falta pluralidad en los medios brasileños, lo que llevó a Reporteros Sin Fronteras a publicar un informe titulado "Brasil, el país de los 20 Berlusconis", un obstáculo para la libertad de expresión en el país.
 
¿Cómo evalúa la decisión del Gobierno de aplazar el trámite del nuevo marco regulatorio en este mandato?
 
Desde la década de los 70 se habla de la necesidad de un nuevo marco regulatorio. Durante el gobierno Cardoso hubo propuestas en ese sentido, pero fue bajo el gobierno Lula donde hubo algún avance. No hubo ningún movimiento público efectivo hasta la 1ª Conferencia Nacional de Comunicación, en 2009, que fue el momento donde el gobierno se comprometió a convocar a los diferentes sectores sociales para discutir el tema y elaborar propuestas. En 2010, se formó un grupo de trabajo que planteó un proyecto de ley a partir de los resultados de la conferencia y se le entregó al ministro de comunicaciones. El ministro afirmó que para el segundo semestre del 2010 haría una consulta pública, lo cual nunca ocurrió. Y luego, la propuesta fue dejada de lado y ahora llegamos a este punto en el que el actual gobierno anuncia el aplazamiento. Aunque hay un claro reconocimiento, por parte de las entidades involucradas, de la necesidad de un nuevo marco normativo, el Gobierno afirma que no tiene tiempo para ello. Esto refleja las opiniones de dos grupos dentro del gobierno: uno que no ve el tema como una prioridad política estratégica y otro que no está dispuesto a enfrentar el debate público, el cual evidentemente no será fácil, ya que hay muchos intereses de por medio.
 
Tenemos una legislación vieja para el sector de las comunicaciones, que data de 1962, y vemos que las tecnologías de las comunicaciones han avanzado mucho. Existe la necesidad y, es eficaz regular este sector en una época de cambios rápidos en los medios?
 
No hay duda. La necesidad de un nuevo marco regulatorio pasa por la cuestión de la modernización tecnológica, la cual es importante, pero es sobre todo el deber de concretar valores constitucionales democráticos. La legislación actual no ve el pluralismo y la diversidad como valores fundamentales del sistema de comunicación. Todas las democracias han hecho un esfuerzo para mejorar sus marcos regulatorios. El hecho de que tengamos un conjunto de avances tecnológicos no está por encima del carácter indispensable de las medidas para impedir la concentración de los medios por parte de unos pocos y garantizar su diversidad y pluralismo, además del respeto a los derechos humanos en este sector. Aunque Internet es considerada una tecnología que crea las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, ello no conlleva en sí a superar la urgencia de un nuevo marco regulatorio.
 
¿Qué es lo más urgente que hay que modificar en la legislación de 1962?
 
Lo más urgente es entender cómo enfrentar la concentración de medios por parte de unos pocos. Cuando hablo de concentración, pienso en tres medidas en tres cosas. La primera está relacionada con el sector privado, donde tenemos un escenario en el que el principal canal de Brasil tiene el 45% de la audiencia y el 73% de los ingresos por publicidad. La segunda está relacionada con la ampliación del sector público y comunitario, ya que el sistema brasileño margina a las emisoras comunitarias y las públicas todavía son bastante incipientes. Y la tercera es el pluralismo interno, es decir, la descentralización a partir de garantizar el acceso a las producciones regionales e independientes de los canales privados, algo que ya ha sido regulado en todo el mundo. Lo anterior está previsto en la Constitución, pero en la televisión abierta está lejos de que ocurra.
 
Pero cuando se habla de regular los contenidos transmitidos por los medios, no corremos el riesgo de crear condiciones para injerir en sus líneas editoriales?
 
Lo que cambiará es la diversidad y el pluralismo en la radio y en la televisión. Lo que la Constitución protege, sobre todo, es la libertad de expresión. Esa libertad hoy en día está asfixiada en Brasil y una de las razones es que los medios privados no dan espacio para que esta diversidad aparezca. El discurso de la libertad de prensa se ​​utiliza en realidad como un escudo para apoyar las medidas que disminuyen la libertad de expresión. Esta libertad no es de los dueños de los medios sino de toda la sociedad. La preocupación por la injerencia en los contenidos de los medios es absolutamente válida y debe existir, lo que no puede ser es, que en nombre de esa preocupación, se renuncie al debate y a la búsqueda de soluciones.
 
Las directrices para democratizar las comunicaciones incluyen "principios que garanticen el equilibrio en el tratamiento de las noticias, de la diversidad de ideas y de puntos de vista", entre otros. ¿Podría esto abrir el espacio para restringir el libre flujo de la información?
 
Este punto fue tomado de una regulación de Reino Unido y, en el proyecto brasileño, está directamente vinculado con la concesión pública de canales de televisión y emisoras, no incluye los medios impresos. Las concesiones públicas se otorgan a un límite de actores que ocupan el espectro público, es necesario conservar esto, al igual que la pluralidad interna y el equilibrio de ideas y puntos de vista. Esto es precisamente lo que se debate en el Reino Unido. El organismo regulador en ese país interfiere con los contenidos? No, pero hace evaluaciones frecuentes y puede señalar problemas en los casos en los que solo se considere un punto de vista sobre un tema abordado.
 
Necesitamos tiempo para saber cuales antídotos nos sirven para evitar que una medida de regulación democrática se convierte en antidemocrática. Pero de nuevo, hay que seguir avanzando en la discusión.
 
¿Podría citar algunos ejemplos de esos antídotos?
 
Por ejemplo, si una evaluación demuestra que un determinado canal, o programa radial, no brindó el espacio adecuado para debatir cierto punto de vista, lo que debe hacerse no es multar al canal, sino darle espacio a ese punto de vista. La Constitución brasileña preveía el derecho a réplica, sólo que este fue derogado por la Ley de Prensa. Luego, utilizar este derecho para agregar otros puntos de vista es una posibilidad, puesto que estamos tratando de ampliar la libertad de expresión, no de restringirla.
 
Las directrices del nuevo marco hablan de la creación de Consejos de Comunicación, nacionales y locales, lo que algunos críticos dicen que, con el argumento de ejercer control social, servirán de instrumento para la censura. ¿Cómo responde a esto?
 
El control social es un término que ya no se utilizan porque fue mal comprendido. Todo servicio público está sujeto a control social y eso es deseable en todas las esferas: salud, educación. etc. La idea de que los medios oficiales no respondan a los interés del público y de la sociedad es una visión extremadamente conservadora. También hay una confusión de que el consejo nacional evaluaría previamente el contenido de los medios. La idea del consejo es establecer las pautas del órgano regulador del sector. Para garantizar su independencia, este sería multisectorial y trabajaría en las directrices generales para el órgano regulador brasileño. Esto garantiza que no caiga en manos de intereses privados.
 
Cómo ve las directrices propuestas con respecto a las de los otros países de América Latina?
 
Nuestras directrices están alineadas con las que promueven las democracias consolidadas. Esos conjuntos de puntos reflejan exactamente cómo estas democracias están trabajando estos temas. El proyecto brasileño aún no está sobre la mesa, así que no puedo hablar de ello.
 
Pero usted considera que países como Argentina y Venezuela han mejorado la diversidad de sus medios de comunicación con sus marcos regulatorios o simplemente estos salieron del monopolio privado para entrar en el monopolio estatal?
 
El de Argentina es un caso muy diferente al de Venezuela. Es un país que aprobó el marco regulatorio en el 2008, el cual fue considerado muy avanzado por el relator para la libertad de expresión de la ONU, aunque todavía se está implementando de manera lenta. Al enfrentar la descentralización de los medios privados, el marco fue objeto de varias demandas judiciales por parte de grupos que estaban en desacuerdo con esta ley. Argentina es una buena referencia, pero aún no se han materializado todos los principios de la ley. Un vez suceda esto, será un paso importante y un ejemplo interesante para el resto de América Latina.
 
Venezuela tiene buenos ejemplos y otros que no son aplicables en Brasil. También hay muchos mitos y desinformación en el caso venezolano. Quién conoce Venezuela sabe que los medios privados que critican y atacan al gobierno, lo hacen todos los días en horarios de máxima audiencia  y sin ningún tipo de censura. Lo que sucedió fue una polarización del debate, lo que dio lugar a una serie de medidas que no necesitamos adoptar aquí en Brasil. Algunas personas se preguntan si la no renovación de la concesión a RCTV es una medida que amenaza la libertad de expresión. Yo diría que no, en principio. La idea de no renovar la concesión a aquellos medios que perjudican el interés público es algo común. EE.UU. enfrentó la no renovación de un centenar de emisoras.
 
La pregunta que hay que hacerse es si efectivamente existe un interés genuino en utilizar las frecuencias para  ampliar la pluralidad y la diversidad de voces. La impresión que uno recibe, como observador externo, es que el país cuenta con un sistema de comunicación polarizado, pero este es el resultado de dos bandos que luchan entre si. La salida que el gobierno adoptó para enfrentar los ataques de los medios privados fue fortalecer los medios estatales. No es lo ideal, pero entiendo perfectamente que esto ha ocurrido en Venezuela, debido a su acontecer histórico.
 
La prensa brasileña ha sufrido una censura encubierta, llevada a cabo por el propio Poder Judicial, como en el caso del periodista Lúcio Flávio. ¿Cómo influye el nuevo marco en este tipo de asuntos?
 
Entre mejor definida este en la ley la defensa de la libertad de expresión, tendremos más herramientas para evitar la censura judicial. También es necesario decir que, en el caso específico de Lúcio Flávio, quien se dirigio a la Justicia fue una poderosa organización de medios de Pará. Es un caso en el que los propietarios de los medios utilizan su fuerza para silenciar las voces independientes. Y encontraron apoyo en el Poder Judicial.




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