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Suspenden a presentador de TV en Honduras, preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en el país




Por Christina Noriega

La corte de apelaciones hondureña dictaminó la suspensión para el ejercicio del periodismo por 16 meses al presentador de TV Julio Ernesto Alvarado. Se trata de la más reciente de una serie de decisiones jurídicas desde que Alvarado fue inculpado con cargos de difamación, luego de que en el 2006 su noticiero "Mi Nación" presente una serie de segmentos en los que se acusaba de corrupción a una decana universitaria.

El anuncio ha reabierto el debate sobre el estado de la libertad de prensa en Honduras, país que en el 2011 fue degradado por la organización Freedom House de "parcialmente libre" a "no libre".

"Por ocho años, el Sr. Alvarado ha estado atrapado en una red de acoso judicial y amenazas no investigadas", dijo Marian Fraser, miembro directivo de PEN International, una organización de derechos humanos a la que pertenece Alvarado.

Fraser condenó la inhabilitación, y declaró que el caso refleja cómo las condiciones para el desempeño de los periodistas en Honduras han seguido deteriorándose desde el golpe de Estado de 2009. La activista agregó que el caso de Alvarado, fundador de la filial PEN Honduras, "es una burla a la justicia, y parte de un clima alarmante de violencia, impunidad y miedo en Honduras".

La inhabilitación no tomará efecto en forma inmediata, sino hasta que Alvarado haya recurrido a todas sus opciones legales en Honduras, declaró al Comité para la Protección de los Periodistas Dina Meza, activista local de derechos humanos y asesora legal de Alvarado.

De acuerdo a Honduprensa, Alvarado planea apelar la decisión ante la Suprema Corte de Justicia. Por el momento, la organización PEN International ha urgido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a tomar el caso y a presionar al gobierno para que adopte medidas precautorias para proteger a los periodistas.

En el centro de la controversia están tres segmentos de noticias transmitidos por Alvarado en junio y julio del 2006, en los que se acusa a Belinda Flores, decana de la facultad de economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), de entregar títulos falsos a estudiantes en su anterior puesto dentro de la institución.

Durante estas transmisiones, Alvarado presentó una entrevista en vivo con el docente universitario Carlos Gustavo Villela, quien declaró que una investigación al interior de la universidad había confirmado las acciones ilícitas llevadas a cabo por Flores. Alvarado también reportó que Guillermo Ayes, presidente del sindicato de docentes de la UNAH, había condenado su nombramiento como decana de la facultad de economía ante dichas revelaciones.

Alvarado no fue el único en reportar el caso de Flores; de acuerdo a PEN International, el periódico hondureño El Heraldo también publicó noticias al respecto. Sin embargo, los segmentos de "Mi Nación" se transmitieron en la cadena Globo TV, la cual estuvo en la mira de las autoridades por su lealtad al ex presidente Manuel Zelaya tras su derrocamiento en el golpe de estado de 2009.

Poco después de la transmisión de los segmentos, Flores acusó a Alvarado de violar las leyes hondureñas sobre difamación, las cuales han sido previamente calificadas como restrictivas para la libertad de expresión por la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras organizaciones de derechos humanos.

En el 2002, la OEA hizo un llamado a los países con leyes penales de difamación para remplazarlas con normas civiles. Aunque Honduras derogó en el 2005 algunas leyes penales de difamación, incluyendo aquellas relativas a individuos que dañasen la reputación de funcionarios públicos, otras leyes -tales como el Artículo 160 del Código Penal - aún existen y contemplan condenas de hasta dos años de prisión para individuos acusados de difamación.

Aunque una corte determinó en el 2011 que Alvarado, al igual que Villela y Ayes, eran inocentes de los cargos de difamación, Flores apeló la decisión y el caso fue elevado a la Suprema Corte de Justicia. En diciembre del 2013, Alvarado fue declarado culpable luego de que la corte rechazara el argumento de que él estaba diseminando las posiciones de Villela y Ayes y no su propia opinión. El periodista fue sentenciado a 16 meses de prisión, durante los cuales se le prohibiría el ejercicio periodístico. Por su parte, Villela y Ayes fueron declarados inocentes de los cargos.

Inicialmente, Alvarado logró evitar ser enviado a prisión tras pagar una multa. Después, en abril del 2014, el juez rectificó su decisión previa, anulando la sentencia de Alvarado. Sin embargo, Flores apeló la decisión y el 22 de septiembre del 2014 la Corte de Apelaciones nuevamente sentenció a Alvarado con la inhabilitación del ejercicio periodístico por 16 meses.

La organización Reporteros Sin Fronteras ha calificado la inhabilitación como "equivalente a la censura", mientras que PEN International ha alegado que la prohibición puede tener motivos políticos, y exigió una investigación a profundidad del caso. Los organismos también han expresado su preocupación por la seguridad de Alvarado, quien relató a PEN International que ha sido seguido por desconocidos dos veces desde que se emitió el veredicto del 22 de septiembre.




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