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Ecuador declara la comunicación como "un servicio público" y Fundamedios lo considera un "grave retroceso"



La decisión de la Asamblea Nacional de Ecuador de aprobar el paquete de enmiendas a la Constitución este 3 de diciembre, puso en alerta a las organizaciones de defensa de la libertad de expresión.

La razón: dentro de dicho paquete de 15 enmiendas aprobadas por la gran mayoría oficialista de la Asamblea se encontraba un artículo que convirtió la comunicación en "un servicio público".

Para la ONG Fundamedios esto “implica un grave retroceso y vulneración al derecho a la libertad de expresión” debido a que el Estado se convierte en el titular de un derecho humano.

Un punto en el que coincidían algunos dirigente políticos, como César Montúfar, presidente del partido Movimiento Concertación, quien dio declaraciones al diario El Comercio días antes de la sesión del pasado 3 de diciembre.

“Cuando se establece a la comunicación no como un derecho sino como un servicio público, se le da al Estado la potestad de determinar las condiciones e incluso el contenido que puede ejercer la comunicación”, aseguró Montúfar a El Comercio. “Esto contradice de forma explícita y clara este derecho fundamental en el que el Estado no puede de ninguna manera establecer parámetros o condiciones para ejercerlo”.

Con este cambio, el artículo 384 quedaría de la siguiente manera: “La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana”, aseguró Fundamedios.

De acuerdo con Fundamedios, el proyecto para modificar la constitución  – que en su momento tenía 17 enmiendas – fue entregado por el bloque oficialista de la Asamblea a la Corte Constitucional el 16 de junio de 2014.

El pasado 18 de junio, el presidente del país, Rafael Correa, le habría sugerido a los integrantes de su movimiento “profundizar en cuestiones verdaderamente revolucionarias y se preguntó ‘¿por qué no hacer una enmienda constitucional’ para ‘establecer que la comunicación y particularmente la información no es un simple negocio privado’ sino ‘un servicio público que tiene que estar garantizado para la sociedad en forma adecuada?’”, publicó el diario El Comercio de acuerdo con Fundamedios.

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada en 2013, ya había introducido el concepto de comunicación como servicio público. Un concepto cuestionado por inconstitucionalidad y que atentaba contra los tratados internacionales, según Fundamedios.

En su momento, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado expresando su preocupación por la aprobación de la LOC. De acuerdo con la Relatoría Especial la “gravosa regulación” parte del hecho de interpretar la comunicación como servicio público.

“En esa medida, entendido como servicio público, el Estado asume facultades exorbitantes de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental a expresarse libremente mediante el medio que cada persona escoja para hacerlo”, señala el comunicado.

No obstante, con la reciente aprobación de reforma, el concepto tiene un mandato constitucional.

“Las enmiendas constitucionales de Ecuador violan principios democráticos”, dijo por su parte Carlos Ponce, director de los programas para América Latina de la ONG Freedom House. “Además de eliminar los límites del mandato a los funcionarios del gobierno, socavan la libertad de expresión mediante la consagración de la comunicación como un ‘servicio público’ que está sujeto a la regulación gubernamental onerosa, y permitiendo la participación militar en trabajo doméstico. Estas medidas se aprobaron a través de una legislación sin oposición en lugar de por voto nacional, violando la ley ecuatoriana y marcando un claro retroceso para la democracia”.

Fundamedios hizo un llamado “a los ciudadanos ecuatorianos y a la comunidad internacional a estar vigilantes sobre cualquier intento del Gobierno ecuatoriano de estatizar y tomar el control de un sistema de medios que ya en este momento afronta las consecuencias de una concentración de poder estatal desmedido”.

También pidió estar atentos a cualquier intento de controlar los “contenidos de la plataforma de Internet y otros sistemas de comunicación actualmente no controlados por el Estado”.




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