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Blog PERIODISMO EN LAS AMERICAS

Polémica en Argentina ante decreto del nuevo Presidente que cambia la Ley de Medios de su antecesora



En una de sus primeras acciones como presidente de Argentina, Mauricio Macri revirtió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios) que la presidenta anterior, Cristina Fernández de Kirchner, firmó en medio de un largo conflicto con el conglomerado de medios más grande del país, el Grupo Clarín.

Tras su firma el pasado 29 de diciembre y su entrada en vigencia este 4 de enero, luego de su publicación en el boletín oficial, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Macri ha generado un amplio debate en el país. Otra vez Argentina parece estar dividido sobre el tema de los medios, de forma similar a lo ocurrido en octubre de 2009 cuando el Congreso aprobó la Ley de Medios.

El Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; Jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el titular del Enacom, Miguel de Godoy, durante presentación del nuevo ente regulador. Foto: Presidencia de la República de Argentina.

Una de las críticas más fuertes tiene que ver con el que hecho de que el Presidente cambió una ley aprobada por el Congreso por vía de un decreto lo que ha generado dudas y críticas.

De hecho, días antes de que fuera firmado y cuado éste era un rumor, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se pronunció al respecto y consideró que “ningún cambio a la ley, aprobada por el Congreso Nacional y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, debería ser efectuado mediante un decreto de necesidad y urgencia”.

El decreto también podría tener implicaciones en el problema de concentración de medios que tiene el país y que han señalado algunas organizaciones así como el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.

Desde que fue aprobada en 2009, la Ley de Medios se convirtió en uno de los temas más polémicos en el país por las acusaciones que hicieron en su contra algunas empresas mediáticas de haber sido creada para afectar a los medios más críticos de la gestión de la entonces presidenta Fernández de Kirchner.

Por su parte, la ex mandataria siempre presentó esta ley como una que buscaba desconcentrar la propiedad de los medios de comunicación. Uno de los aspectos que estipulaba la ley era dividir el espacio radioeléctrico nacional en tres partes iguales entre el Estado, el sector privado y organizaciones sin ánimo de lucro.

Para evitar la concentración, la Ley de Medios estableció, entre otros aspectos, reducir de 24 a 10 el máximo número de emisoras de radio y televisión en poder de un solo dueño.

El Grupo Clarín instauró en 2012 una acción de inconstitucionalidad en contra de cuatro artículos de la Ley, entre ellos el que obligaba a reducir las licencias en poder de un solo dueño. Esta acción impidió que la Ley entrara en vigencia en totalidad ese año.

En octubre de 2013 la Corte Suprema del país determinó la constitucionalidad de la Ley. El Grupo Clarín finalmente fue obligado a adecuarse a lo estipulado en ella, pero la lucha entre el grupo y el gobierno no terminó. Durante el 2014 se conoció cómo algunas propuestas presentadas por Clarín para reducir el número de sus licencias eran rechazadas por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) – entidad creada por la Ley de para asegurarse el respeto a las nuevas reglas.

De acuerdo con el diario La Nación, estos algunos de los cambios estipulados en el decreto firmado por Macri:

  • Amplió de 10 a 15 el número de licencias para un mismo operador de televisión abierta y radios AM y FM en todo el país, y de 3 a 4 las licencias dentro de una misma ciudad.
  • Eliminó el límite que las señales de radiodifusión privada tenían para que éstas no abarcaran más del 35 por ciento del territorio de todo el país.
  • Eliminó el límite que tenía la televisión por cable de llegar a un máximo de 24 localidades.
  • Eliminó el límite que tenían los cableoperadores y los titulares de las licencias de televisión abierta y radio a tener una sola señal.
  • Modificó el tema de las prórrogas de las licencias audiovisuales. Estipuló que podrán haber prórrogas sucesivas, una primera automática por cinco años, y las siguientes prórrogas serán por 10 años. Sin embargo, establece que “los licenciatarios anteriores no tendrán derecho adquirido alguno respecto a su licencia”.

Pero el decreto no solo toca a la Ley de Medios. De hecho, uno de los principales argumentos para la firma de éste fue la necesidad de convergencia entre las dos leyes existentes en el país: la de Medios y la Ley de Telecomunicaciones conocida como Argentina Digital.

Esta falta de convergencia, de acuerdo con el decreto, “atenta contra una adecuada regulación que recepte la convergencia tecnológica de la industria de los medios y de las telecomunicaciones, así como también contra la obtención de un más amplio, coordinado y transparente acceso a la información de todo el sector, que permitiría una mejor toma de decisiones por parte del Estado Nacional […]”.

Con este argumento se creó el Ente Nacional de Comunicación (Enacom), el cual reemplaza y asume las funciones de la Afsca – creada por la Ley de Medios – y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) – creada en la Ley de Telecomunicaciones.

El Enacom tuvo su primera reunión el miércoles y este 7 de enero se conoció que las empresas que se han adecuado a la Ley de Medios de 2009 podrán dar marcha a atrás a esta adecuación si así lo desean. Dentro de estas disposiciones entra el Grupo Clarín el cual se había determinado que estaría dividido en seis empresas, informó el diario La Nación.

Las expresiones de lado y lado no se han hecho esperar. El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Busso, dijo que estos cambios están a “medida del Grupo Clarín” y que estas disposiciones son “violatorias a la Constitución Nacional y tratados internacionales y parecen que no tienen límites”, publicó el portal Rosario Plus.

Para el Relator Especial de la CIDH, Edison Lanza, la decisión de acabar con la Afsca es una movida “no ortodoxa”, según una entrevista con el portal Buenos Aires Herald.

A pesar de que en su momento Lanza había señalado que el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, no era lo suficientemente independiente del poder político, dijo que esta medida ponía al ente regulador “en tiempos en donde el gobierno tenía el control total de la oficina”, agregó el Buenos Aires Herald.

La Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, solicitó la intervención “urgente” de la CIDH ante este decreto, según informó la agencia de noticias Télam. Para la funcionaria, la creación de Enacom y la disolución de los entes reguladores “vulneran los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”.

Por su parte, el Gobierno ha mostrado este decreto y sus modificaciones como uno que busca acabar con la “guerra contra el periodismo” que asegura tenía la anterior administración, según un comunicado de la Presidencia de la República.

De acuerdo con el portal Los Andes, hasta el momento tres entidades han salido en apoyo de estos cambios. La Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación Argentina de TV por Cable (ATVC). Para la ATA por ejemplo estos cambios le daría a la industria “horizontes de explotación acordes con los niveles de inversión que el cambio tecnológico impone”, según Los Andes.

Para la ARPA las modificaciones de este decreto “recogen favorablemente algunos de esos reclamos, que hacen a la continuidad de las empresas y de las fuentes de trabajo que ellas generan”, agregó Los Andes.​

El decreto estipula la creación de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes de Medios y de Telecomunicaciones. Las reformas a las leyes deberán, entre otras disposiciones, “garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a la información”, “avanzar hacia la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles” y “evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos”.




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