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Blog PERIODISMO EN LAS AMERICAS

Indignación por decisión de corte panameña que ordena a periódico indemnizar con US $25.000 a exmagistrado




La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá rechazó el recurso de casación (último recurso de apelación disponible) presentado por dos periodistas y un grupo editorial contra una decisión anterior relacionada con la demanda civil presentada por un exmagistrado de la CSJ, según La Prensa.

La CSJ ordenó a Editora Panamá América (Epasa), el grupo editorial dueño del diario Panamá América, y a los periodistas Jean Marcel Chéry y Gustavo Aparicio a pagar US $25.000 por daños y perjuicios morales al exmagistrado de la Corte Suprema y exministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora.

El caso se refiere a un artículo de 2001 en el que los periodistas alegaron que recursos procedentes del antiguo Fondo de Inversión Social se utilizaron para actualizar una carretera en la comunidad de La Arenosa. “Dicho camino, según los dos periodistas, daba acceso a una finca privada, propiedad del exmagistrado Spadafora”, según Panamá América.

Representantes de varias asociaciones de periodistas y de libertad prensa se expresaron en contra de la sentencia.

“Parece que en este país vivimos en el mundo del absurdo. Hay una insistencia de afectar la libertad de expresión de alguna manera”, dijo Guillermo Antonio Ñito Adames, presidente del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión, según La Prensa. “Este es un caso que involucra a un funcionario, y ellos deben entender que están expuestos al escrutinio, no únicamente de los periodistas, sino también de la ciudadanía”.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo que el caso debería “ser sometido a instancias del Sistema de Protección de los Derechos Humanos” teniendo en cuenta el agotamiento de los recursos judiciales al interior del país, según un comunicado de prensa de la SIP. La organización mencionó específicamente la presentación del caso ante “instancia interamericanas”.

Para Paolillo el fallo es un “nefasto antecedente para la libertad de prensa al condicionar los esfuerzos del periodismo de investigación” y señaló que incentiva la autocensura.




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