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Mecanismo de protección para periodistas en Guatemala: una promesa sin cumplir



Tercera entrega de una serie de posts sobre mecanismos de protección para periodistas en América Latina. Lea los textos sobre los mecanismos de México y de Colombia.

La reunión que sostuvieron recientemente representantes del nuevo gobierno de Guatemala con miembros de la Mesa Técnica para la Protección de Periodistas generó una vez más la indignación de asociaciones periodísticas y de defensa de libertad de expresión del país que por años han pedido un mecanismo de protección para periodistas.

La razón: la exclusión que sufrieron los periodistas durante el proceso de realización del documento entregado por la Mesa Técnica y que tendría las bases para la creación e implementación de este mecanismo, dijeron en un comunicado.

Bandera de Guatemala.

El pronunciamiento del pasado 1 de febrero y firmado por 16 entidades del país, aseguró que los periodistas fueron “excluidos” de todo el proceso de creación del documento: desde las consultas y discusiones realizadas en cada región, así como de la redacción del informe final.

Según el comunicado, algunos periodistas tuvieron dificultades para participar en los talleres de socialización del mecanismo o para expresar sus críticas, y las objeciones expresadas en varias oportunidades a este proceso no fueron tenidas en cuenta.

Por ese motivo, solicitaron una “audiencia a la mayor brevedad posible” con el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia para “plantearle nuestras demandas y puntos de vista sobre este necesario Mecanismo”.

Esta cita tuvo lugar el pasado 4 de febrero y en ella el Secretario ofreció no solo suspender el proceso de creación del mecanismo y las reuniones de la Mesa Técnica, sino también cambiar los miembros que la componen, le dijo al Centro Knight para el Periodismo en las Américas Ileana Alamilla, directora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) y presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), dos de las organizaciones que firmaron el comunicado.

Alamilla también dijo que hasta ese día tuvieron acceso al documento presentado por la Mesa Técnica el cual están revisando para realizar observaciones. Agregó que en la actualidad también están haciendo un diagnóstico de la situación del país que permita “encontrar las mejores prácticas para que el mecanismo logre sus fines”.

Una situación que no parece muy alentadora. Según un informe de noviembre de 2015 presentado por Cerigua, el año pasado se constituyó “como uno de los más críticos para el trabajo de la prensa”Para el 31 de octubre, Cerigua tenía un registro de 97 ataques a la prensa que incluyen amenazas, intimidaciones, obstrucciones al trabajo periodístico y censura.

Los hechos más graves fueron los asesinatos de tres periodistas en marzo. Danilo López y Federico Salazar fueron acribillados a plena luz del día en medio de un parque central en la ciudad Mazatenango, departamento de Suchitepéquez, el 10 de marzo. Guido Villatoro fue asesinado apenas tres días después, también en Suchitepéquez.

Sobre estas muertes, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió comunicados en los que pidió investigaciones claras de estos crímeens para estos asesinados y recordó la necesidad que el país implemente un mecanismo de protección para los periodistas.

Por su parte el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) consideró que el asesinato de López tuvo como causa su trabajo periodístico, e incluyó a Guatemala como uno de los países más mortíferos para periodistas durante 2015. 

Según sus cifras, seis periodistas – incluido López – han sido asesinados en el país por motivos relacionados con su trabajo desde 1992. El CPJ también tiene el registrado de otros 16 homicidios de periodistas en cuyos crímenes no se ha confirmado el motivo.

La cifra que maneja la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas del país es otra. Según esta entidad, en Guatemala se han asesinado al menos 20 periodistas desde el año 2000. Las investigaciones por sus crímenes siguen abiertas, publicó el portal PR Noticias.

El largo camino del mecanismo

El incremento de la violencia contra periodistas llevó a que desde 2011 al menos nueve organizaciones del país empezaran a impulsar la idea de crear un mecanismo de este tipo, señaló Cerigua.

Para 2012, el gobierno de Guatemala expresó por primera vez de manera pública su intención de crear este mecanismo. Lo hizo durante el Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según el informe ‘Violencia contra periodistas y trabajadores de los medios’ de la Relatoría Especial de la CIDH.

En mayo de 2013, el entonces presidente de la república, Otto Pérez Molina, reiteró un compromiso con las organizaciones periodísticas y con Cerigua “para formular e implementar a la brevedad posible el Programa de Protección a Periodistas en calidad preventiva”, agregó el informe. En agosto y en noviembre de ese año volvió a referirse al tema.

Sin embargo, “no ha pasado nada”, dijo Alamilla al Centro Knight. “A pesar de que en 2013 hubo cuatro asesinatos y casos delicados, no se puso en funcionamiento el programa. La propuesta de la sociedad civil fue desatendida, y lo que hizo el gobierno fue instalar una mesa técnica con burócratas nacionales e internacionales sin sociedad civil, ni periodistas. Se trajo una consultora que hemos cuestionado porque no tiene un perfil para trabajar un tema como este”.

La mesa técnica a la que Alamilla hace referencia fue anunciada en 2014. En junio de ese año se eligió a Ana Margarita Castilo, exsubdirectora del Sistema Penitenciario, para que diseñara este Programa. Castillo fue criticada por no tener experiencia para tratar este tema, señaló un informe de Cerigua.

En la página web oficial del programa no hay mucha información sobre el proceso. Al cierre de este artículo, algunas de sus secciones señalaban estar en construcción y cuenta con tres boletines de prensa, el último de ellos de agosto de 2014.

Su publicación más reciente es la ‘Propuesta Preliminar Programa de Protección a Periodistas’, el documento rechazado por algunas organizaciones del país.

“No estamos de acuerdo en validar algo en lo que no hemos participado”, aseguró Alamilla. “Estamos empujando al gobierno junto con la Unesco para que se rectifique el camino y se adopte una propuesta donde sean tomadas en cuenta las voces y sugerencias que los periodistas tenemos. En donde se tenga en cuenta el trabajo documentado por años para determinar cuáles pueden ser las medidas de protección al identificar cuáles son los riesgos de los periodistas y los principales agresores de la libertad de prensa”.

A pesar de la inexistencia del mecanismo, el país estableció desde 2004 la Dirección de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Administradores y Operadores de Justicia, Periodistas y Comunicadores Sociales la cual coordina con instituciones nacionales las medidas de protección que son otorgadas tanto por el Sistema Universal como por el Interamericano de Derechos Humanos, así como por mecanismos nacionales.

También cuenta con la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas la cual junto con la Dirección de Protección definen si un periodista debe ser resguardado.

Un proceso que también tiene sus reparos. Según Plaza Pública, entre 2011 y 2015 esta Unidad recibió 132 denuncias. Sólo 4 periodistas cuentan con protección. 

La expectativa ahora es diferente. El hecho de que el nuevo gobierno haya aceptado escuchar los reparos de las organizaciones periodísticas les hace pensar que este mecanismo puede estar cerca.

“Tenemos la oportunidad de construir un mecanismo que tome en cuenta la voz de los periodistas, especialmente los del área rural, y de sus entidades representativas. Que sea un modelo pertinente, adecuado a nuestra realidad, viable y efectivo para que el principal objetivo – que es atenuar los riesgos, prevenir, proteger y aplicar justicia – se cumpla”, dijo Alamilla. “ La confianza y la participación de periodistas y de las entidades gremiales legal y legítimamente constituidas es indispensable para construir esta herramienta por la que hemos estado reclamando desde 2012”.




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