Knight Center
Knight Center

Blog PERIODISMO EN LAS AMERICAS

Director de diario venezolano condenado a prisión por difamación e injuria a raíz de investigación periodística



El director del diario venezolano del estado Bolívar Correo del Caroní, David Natera Febres, fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de difamación e injuria relacionados con reportajes publicados en 2013 que denunciaban casos de corrupción en una empresa estatal de minería, informó la ONG Espacio Público. Natera Febres tiene 10 días para apelar la decisión.

Aunque se encuentra en libertad, el director está obligado a comparecer ante las autoridades cada 30 días y tiene prohibido salir del país, informó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés). El juez le impuso una multa por 201.249 bolívares, (“aproximadamente US$20.100 al cambio oficial, o aproximadamente US$201 al cambio del mercado negro”), y le prohibió al diario publicar información sobre el demandante Yamal Mustafá, agregó el CPJ.

El origen de la demanda estuvo en una serie de artículos publicados por Correo del Caroní que daban cuenta de una banda de extorsión en la que participaban un coronel del ejército, varios empresarios y funcionarios de la empresa estatal Ferrominera Orinoco, informó el CPJ.

Las denuncias publicadas por el diario y las investigaciones del Ministerio Público dieron pie a un procedimiento judicial que destituyó al presidente de la empresa, así como condenas de prisión a tres gerentes de ésta, agregó Espacio Público.

Mustafá, quien interpuso la demanda por difamación e injurias en contra del director y del diario en 2013, cumplió casi tres años de prisión acusado de varios delitos entre esos malversación del fondos relacionado con este caso, dijo el CPJ. El empresario, dueño de varios negocios entre los que se encuentra el diario pro gobierno Primicia, fue liberado en 2015 luego de que un fiscal desestimara su caso, informó el CPJ.

Espacio Público señaló que la demanda interpuesta por Mustafá, de acuerdo con las leyes venezolanas, debió haber prescrito teniendo en cuenta que no se dictó sentencia durante dos años y ocho meses. A pesar de que la defensa alegó esta prescripción, no fue admitida por el tribunal, aseguró la ONG.

Por otro lado, en contra del diario también pesa una demanda civil que podría resultar en la confiscación de sus oficinas y su imprenta, dijo Espacio Público. El diario también se ha visto afectado por la crisis de papel periódico por la que atraviesa el país, razón por la que se ha visto obligado a reducir la frecuencia de sus ediciones, dijo el CPJ.

Diferentes organizaciones rechazaron esta decisión judicial.

Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ, dijo que esta sentencia “es un claro ataque contra la libertad de prensa que tendrá un efecto amedrentador en el periodismo independiente e investigativo en Venezuela”, según un comunicado de la organización. “Bajo la administración del Presidente Nicolás Maduro, las autoridades han usado diversas tácticas para restringir a la prensa, incluyendo la presentación de demandas por difamación, en un intento por controlar el flujo informativo”, agregó Lauría.

Por su parte el Secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en Venezuela, Marcos Ruiz, calificó la condena como una “al periodismo crítico y de investigación y que se conoce a tres años después solo con el objetivo de oscurecer los hechos que hoy ocurren en Bolívar”, según el diario El Nacional.

En esta misma línea se pronunció el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Claudio Paolillo, para quien el fallo “tiene la clara intención de disuadir el periodismo de profundidad y de denuncia tal como el realizado en este caso por el Correo del Caroní y demuestra el gran retroceso de Venezuela en materia de libertad de prensa, que todavía sigue enviando a periodistas a la cárcel”, según un comunicado publicado en su sitio digital.

De acuerdo con la SIP, en 2005 Venezuela reformó su código penal aumentando la sanción por el delito de difamación de 30 meses a cuatro años de prisión, contrario a otros países de la región.

Las autoridades venezolanas han aprovechado este recurso legal “para impedir el trabajo informativo crítico”, aseguró el CPJ con base en un estudio comparativo realizado para su organización.

Según el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela este se trata de un caso único al ser el primero en que de manera paralela se interpuso una demanda civil y penal, y porque es “el único caso en el que un empresario con vínculos con el poder estatal, demanda a un medios y su directivos”.

“Desde esta organización, insistimos en que esta condena -que deriva en censura para la cobertura en materia de corrupción- es regresiva para la libertad de expresión y pone en riesgo el ejercicio del periodismo, como un oficio natural para escrutar el poder y de contraloría social”, expresó IPYS Venezuela. “El sistema de justicia debería proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados -de manera pertinente adecuada y oportunamente- sobre los asuntos de interés público, y no aplicar penas por difamación. Estos delitos deben ser eliminados de la legislación nacional de acuerdo al exhorto que hizo al Estado Venezolano el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en julio de 2015.”

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado el que expresó su preocupación por esta condena e hizo un llamado a Venezuela “a apegarse a los más estrictos estándares internacionales en materia de libertad de expresión de forma tal que se les garantice a los periodistas y medios de comunicación ejercer el periodismo sin intervenciones indebidas, y a la sociedad en su conjunto a estar informada”.

La oficina recordó que en repetidas ocasiones la CIDH, con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha señalado que el uso del derecho penal “para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público y funcionarios es desproporcionada y vulnera por ello el derecho a la libertad de expresión”. 




Boletín





Por favor, suscríbase a nuestro boletín semana.

Nombre Completo

Email *
Elija el boletín al que se desea suscribir:
Boletim Semanal (Português)

Boletín Semanal (Español)

Weekly Newsletter (English)
email marketing
by activecampaign

Facebook

Comentarios recientes