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Blog PERIODISMO EN LAS AMERICAS

Periodistas sufren restricciones por parte del gobierno durante la cobertura de la manifestación en Venezuela



Con denuncias de restricciones a las libertades de prensa y de expresión que incluyeron ataques y detenciones temporales de algunos trabajadores de los medios, así como la prohibición de entrada a Venezuela de corresponsales internacionales, culminó la jornada de manifestaciones en Caracas, capital del país, que tuvo lugar este 1 de septiembre.

La jornada, conocida como la “Toma de Caracas”, había sido convocada por los dirigentes de la oposición con el propósito de presionar al Consejo Nacional Electoral para que se estableciera un cronograma que llevara a la implementación de un referendo revocatorio contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

No obstante, el oficialismo convocó para ese mismo día concentraciones en la ciudad con el objetivo de combatir lo que  ellos catalogaron como un “intento de golpe de Estado”.

Hacia las 8 de la noche, la ONG Espacio Público publicó en su cuenta de Twitter que en el marco de esta manifestación se registraron al menos 25 violaciones a la libertad de expresión en el país – incluidas los de días previos – que incluyeron detenciones, intimidaciones, agresiones y censura.

Uno de los casos fue el de la periodista Gabriela González, de El Nuevo País, quien publicó en su cuenta de Twitter que miembros de la Policía Nacional le hicieron borrar un video que había grabado sobre la detención de una persona después de que se hubiera acabado la manifestación. Según le relató al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa del país (SNTP), los efectivos le dijeron “a la policía no se le graba”.

Sin embargo, la comunicadora publicó una fotografía de esta detención que no fue borrada.

Espacio Público dio a conocer los casos de la periodista Emily Avendaño y el fotorreportero Héctor Trejo, ambos de El Estímulo, quienes fueron retenidos temporalmente en la mañana del 1 de septiembre por miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

A la periodista le exigieron revisar sus notas, mientras que a Trejo le revisaron sus fotografías. También fueron despojados de sus identificaciones periodísticas, agregó la ONG.

Garantizar que los periodistas hicieran su trabajo sin agresiones u otros tipos de intimidaciones se había convertido en una de las mayores preocupaciones de organizaciones locales e internacionales como Amnistía Internacional o el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés). La preocupación fue avivada por los ataques en días previos a medios y periodistas, detenciones a comunicadores en actividades que rodeaban la jornada del 1 de septiembre así como la prohibición de entrar al país de corresponsales internacionales que llegaban a cubrir el evento.

El 31 de agosto, por ejemplo, no se les permitió la entrada a Venezuela a los corresponsales Marie-Eve Detoeuf, del periódico francés Le Monde, César Moreno, de Caracol Radio, Dora Glottman, de Caracol TV ambos de Colombia, y a John Otis, de NPR de Estados Unidos, informó el CPJ. La razón dada por las autoridades fue que no contaban con los documentos exigidos para trabajar en Venezuela, agregó el CPJ.

El 30 de agosto, la corresponsal Teresa Bo y la productora Lagmi Chávez de la cadena Al-Jazeera también fueron regresadas, informó el CPJ. También vivió lo mismo Jim Wyss, jefe de la oficina andina de The Miami Herald, quien fue regresado en un avión a Panamá a pesar de que contaba con una visa de periodista válida hasta el mes de octubre, aseguró El Nuevo Herald. En 2013, Wyss fue detenido por 48 horas por las autoridades venezolanas.

“Exhortamos a las autoridades venezolanas a permitir que los periodistas puedan cubrir eventos en Venezuela, en el medio de una profunda crisis económica y política”, afirmó Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ, en un comunicado del 31 de agosto. “Las autoridades deben otorgar en forma oportuna el permiso a periodistas para que la prensa internacional pueda informar de primera mano sobre estos importantes eventos”.

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Luis Marcano, aseguró que no hubo ninguna deportación de algún periodista internacional, pero aseguró que para realizar en el país cualquier cobertura periodística existen unos trámites, que aseguró, estos medios no cumplieron, publicó el portal de La Radio del Sur.

“Lastimosamente vienen, o pretenden ingresar a Venezuela a cumplir tareas sumándose a los planes violentos de algunos sectores de la derecha, cosa que nuestro país, como ningún país soberano en el mundo lo va a permitir y realmente esa es la situación real”, dijo el funcionario, agregó el portal de la emisora.

A esto casos se les sumaron los vividos en el interior del país en contra de medios.

El 30 de agosto, la sede del diario El Nacional en Caracas fue atacada con bombas molotov y excremento. Mientras que el 26 de agosto en el estado Táchira las sedes del diario La Nación y de la Televisora Regional del Táchira (TRT) fueron rayadas con grafitis al parecer por parte de grupo oficialistas. Los mensajes escritos eran insultos en contra del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, del partido opositor, quien había estado en estos medios dando declaraciones, informó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela.

La semana anterior en la ciudad de Caracas, la sede del medio digital Crónica Uno, iniciativa de la ONG Espacio Público, fue robada. Mientras que en Trujillo, al noroeste del país, la sede del Diario de los Andes recibió al menos 30 impactos de bala.

Para el día de las manifestaciones, el SNTP pidió a los periodistas reportar cualquier anomalía durante la cobertura de la jornada. El SNTP junto con Espacio Público y el IPYS Venezuela siguieron la jornada a través de Twitter con diferentes etiquetas como #1S y #TomaDeCaracas para dar a conocer lo que estaba sucediendo. Estos hashtags fueron utilizados por los usuarios de Twitter en Venezuela y otros países para seguir la manifestación del 1 de septiembre.

Un día antes, el SNTP también exigió al Gobierno garantías para el trabajo de los reporteros.

“Es un hecho reiterado que en ocasiones anteriores, cuando se han celebrado protestas y manifestaciones, los periodistas son agredidos, amenazados, robados y secuestrados con la clara intención de impedir que los hechos que son noticia transciendan a la colectividad y sean conocidos por todos”, expresó Marco Ruiz, secretario general del SNTP, en un comunicado del 31 de agosto. “De estas acciones han sido responsables la Fuerza Armada Nacional (en más del 60 por ciento de los casos) y la Policía Nacional Bolivariana”.

Por su parte, IPYS Venezuela llamó la atención sobre el anuncio hecho por el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones del país (Conatel), William Castillo, quien emitió un comunicado el 31 de agosto en el que le recordaba a los medios la “prohibición legal de difundir mensajes por radio, televisión y medios electrónicos que inciten ‘a la violencia, al desconocimiento de las autoridades, a la alteración del orden público y la paz ciudadana, y que puedan generar zozobra en la población’”.

En el comunicado, Castillo aseguró que se estaría monitoreando el sistema radioeléctrico del país y que no toleraría emisiones mediáticas como las del 11 de abril de 2002, que en su concepto “constituyeron una cortina comunicacional para ejecutar el Golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez”.

Para IPYS Venezuela este comunicado, junto con otras declaraciones a medios por parte de Castillo, es una “amenaza” a los medios de “sancionarlos” que condiciona “la cobertura libre y amplia por parte de los medios de comunicación sobre posibles hechos de conflicto”.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, también señaló restricciones a los derechos a la libertad de expresión y de protesta en la jornada de manifestaciones, según una entrevista a la agencia EFE.

“Estamos siguiendo con enorme preocupación los acontecimientos. Las preocupaciones son varias. Que los corresponsales extranjeros no puedan ingresar es una restricción porque el Gobierno intenta impedir un escrutinio internacional”, dijo Lanza a la agencia.

En su entrevista el Relator Especial no solo se refirió a los impedimentos de entrada a corresponsales internacionales, sino a los ataques vividos por los medios y periodistas en días anteriores, así como al control de las manifestaciones por parte del Ejército.

Lanza recordó que hace apenas unas semanas, él y el Relator Especial de la ONU publicaron una declaración conjunta en la que expresaban su preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela.




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