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Anabel Hernández cuenta cómo beca en universidad de EE.UU. le ayudó a investigar desaparición de estudiantes en México



Si hubo un caso mexicano que logró la atención de los medios del país y del mundo, fue la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotnizapa en Iguala, estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Sin embargo, cuando la periodista Anabel Hernández se enteró de la noticia sintió que ella también debía investigar el caso. Su experiencia periodística de 23 años le ha demostrado que en los casos que incluyen desapariciones y masacres, la versión del Gobierno mexicano suele ser muy diferente a la realidad, según le dijo al Centro Knight para el Periodismo en las Américas.

Anabel Hernández. Foto: cortesía.

Para esa época, Hernández se encontraba en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, en el marco de una beca de periodismo investigativo. La beca le había llegado en el momento exacto en el que se vio “obligada” a salir de México, al menos temporalmente, porque los ataques en su contra se habían intensificado.

“[La beca llegó] después de cuatro años de ataques, de intromisiones de personas armadas a mi casa, de animales decapitados, amenazas a mis fuentes de información”, dijo Hernández. “El gobierno nunca hizo nada por evitar estos ataques. La impunidad alentaba que si querían hacerme daño lo siguieran haciendo”.

La investigación que quería hacer con el Programa de Periodismo Investigativo de Universidad de California Berkeley​ involucraba volver al país del que había huido. Un hecho que no solo le preocupaba ella, sino a los organizadores de su beca. No obstante, la gravedad del hecho la “sacudió como periodista”, dijo.

Tras convencerlos, pasó los siguientes dos años investigando el caso como parte de su beca. Para lograrlo, viajaba mensualmente a México con extremas medidas de seguridad, hasta que el pasado diciembre publicó el libro que resultó de esta investigación: “La verdadera noche de Iguala”.

“Hice viajes con muy, muy bajo perfil”, explicó Hernández sobre la estrategia que utilizó para investigar un tema tan sensible. “No decía a nadie, no había fechas, horas, no había nada. Iba con una agenda muy específica. Hacía mis citas desde un teléfono muy seguro en California y no hablaba más con ellos y llegaba directamente al punto. Entraba y salía constantemente de Iguala en el mismo día o dos días máximo”.

En los viajes estuvo acompañada por un estudiante recién graduado de la universidad de Berkeley quien se encargó de realizar la parte audiovisual de sus investigaciones.

Sin entrar en detalles, Hernández contó que por los años que lleva cubriendo estos temas había “cultivado fuentes” que le hablan con confianza, y que sabía cómo sacar información “de una manera menos riesgosa para todos”.

Así logró como un primer paso tener acceso al expediente que abrió la fiscalía general de Guerrero así como el de la Procuraduría General de la República (PGR). Según contó, ella tenía fuentes que le permitieron obtener estos informes.

“Convencerlos de que la información va a ser utilizada de manera acuciosa, sin manipulaciones, ese era realmente el reto”, dijo Hernández. “Que supieran que hay un compromiso serio de no manipular, que mi investigación era encontrar la verdad, fuera la que fuera. No importaba si era cómoda o incómoda para los estudiantes o para los acusados. La idea era esclarecer el caso”.

Sus dos años de investigación, le permitieron comprobar las sospechas que tenía desde el principio y que daban cuenta de la participación de algunos miembros del gobierno en los hechos como tal, pero también en la “manipulación de la investigación oficial”, de acuerdo con un comunicado de anuncio de la publicación del libro.

Según este comunicado, las autoridades utilizaron evidencia falsa para intentar cerrar el caso y limpiar de responsabilidad al Gobierno. Hernández también encontró que algunos detenidos, que incluían a ciudadanos y policías, fueron torturados durante la investigación para responsabilizarlos del ataque contra los normalistas y su desaparición.

Portada de "La Verdadera Noche de Iguala" de Anabel Hernández.

Pero como le había sucedido en el pasado y como sucede con muchos reporteros mexicanos, sus investigaciones, cuyos adelantos iban siendo publicados en algunos medios del país, no cayeron del todo bien.

Denunció que hubo amenazas e incluso “levantones” (secuestros) a sus fuentes de información. Ella tampoco estuvo a salvo. En noviembre de 2015, por ejemplo, cuatro personas incursionaron a su casa en México, la cual era su punto de llegada al país durante estos años de investigación. Hernández cree que este hecho se relaciona con su trabajo en el caso Iguala, debido a que en ese momento se encontraba en un “punto muy sensible” de la investigación y que se relacionaba con la participación de algunos militares en la desaparición de los estudiantes.

“No se robaron nada, ni joyas, ni televisores. Iban por documentos”, aseguró Hernández, para quien además la incursión tuvo toques de amedrentamiento pues la hicieron a plena luz del día y a pesar de las cámaras de seguridad con las que cuenta como parte del Mecanismo de Protección de Periodistas y de Personas Defensoras de Derechos Humanos del país del cual hace parte.

El pasado 1 diciembre, cuando se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, tuvo que ser sacada de urgencia del lugar. Los escoltas con los que contó durante este evento le informaron que un “grupo de ocho personas organizadas” la habían estado siguiendo desde que llegó al lugar.

Desde que volvió a México en agosto de 2016, entendió que debía volver acostumbrarse a la idea de estar rodeada de escoltas las 24 horas del día. El Mecanismo de Protección, que calificó su nivel de riesgo como periodista es “extraordinario”, es decir, el más alto, según dijo, se los otorgó.

“Tengo que vivir con escoltas en manos de un Gobierno que sé que no quiere proteger a los periodistas. Entonces es un asunto un poco contradictorio”, aseguró. “Tengo que resignarme a vivir en medio de esta contradicción porque por otro lado si no me acojo al mecanismo de protección a periodistas y algo me pasa o algo le pasa a mi familia el gobierno mexicano va a lavarse las manos y va a decir ‘Anabel Hernández no quiso acogerse al programa de protección y por eso la mataron’”.

Sobre este tema, recordó el caso de Rubén Espinosa quien fue asesinado en Ciudad de México luego de haber huido del estado de Veracruz por amenazas en su contra.

Por eso sintió que valió la pena su trabajo cuando la PGR se vio obligada a incluir su libro como parte del expediente de la investigación sobre el caso de los 43 normalistas. Un pedido que no solo se había hecho dentro del país por parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro que representa legalmente a la familia de los 43 desaparecidos, sino que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Gobierno mexicano abrir investigaciones en contra de algunos militares debido a lo publicado en el libro de Hernández.

Cree que son precisamente las organizaciones internacionales, especialmente las universidades que por años han otorgado becas a periodistas latinoamericanos, en las que se puede encontrar una “ayuda crucial” para alentar el periodismo de investigación en países tan complicados como México.

“Alentar el periodismo de investigación, grandes investigaciones, apoyando a periodistas mexicanos y de otras partes de América Latina que están en peligro”, explicó Hernández. “Yo estoy convencida de que la cobertura que me dio la Universidad de California en Berkeley, ese paraguas, porque esta es una investigación patrocinada y auspiciada por la universidad, eso le da a la investigación no solo mucho más poder, sino en su momento me dio mucha más seguridad. No es lo mismo desaparecer y matar a Anabel Hernández durante su investigación, que matar y desaparecer a Anabel Hernández que era fellow de la Universidad de California en Berkeley”.

Pero también está convencida que son los periodistas los que deben entender la importancia de su trabajo a pesar de estar en un país en el que las cifras de asesinatos de comunicadores lo catalogan como el más peligroso en el continente para ejercer esta profesión. En 2016, fueron asesinados al menos 10 periodistas en los que aún no es claro su móvil.

“Hay que tener un profundo compromiso con el periodismo en México. Estar conscientes de que nuestro trabajo incluso en una época tan difícil es prioritario, es importante”, aseguró. “Y que tenemos que continuar aún sabiendo que no hay quién nos proteja, aún sabiendo que nuestra condena y que nuestro destino es seguramente morir asesinados como el resto de nuestros compañeros”.




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