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Juez brasileño censura a O Globo y Folha por publicar conversaciones de la primera dama con un chantajista, entidades protestan



Actualización (15 de febrero): El juez Arnaldo Camanho de Assis, del Tribunal del Distrito Federal, suspendió la censura al reportaje de Folha de S. Paulo con relación al chantaje de un hacker a la primera dama de Brasil, Marcela Temer. La decisión provino de un recurso de apelación de dicho diario.

Con este nuevo despliegue, el reportaje original retornó al sitio del diario. En la decisión, el juez Assis dispuso que no cabe que un órgano estatal como el Poder Judicial establezca "que deba o no deba ser publicado por la prensa".

Esta sentencia cancela la decisión del día 10 de febrero del juez Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, de la 21 Sala Civil de Brasilia. O Globo, que también se vio afectado, todavía no revisa la sentencia.

El día 14, el presidente Michel Temer afirmó en una nota estar comprometido con la promoción de la libertad de prensa, y que siempre estará alineado con "los movimientos de las entidades representativas de la prensa brasilera en la defensa de los principios y valores".

Original (14 de febrero): Por petición de la primera dama de Brasil, un juez determinó que los diarios O Globo y Folha de S. Paulo retiraran reportajes sobre el intento de extorsión que Marcela Temer sufrió por parte de un hacker el año pasado. La orden judicial fue considera como una “censura inaceptable” por Folha. Organizaciones de periodistas y medios de comunicación hicieron coro a la posición del periódico y protestaron contra la decisión del juez.

Los reportajes divulgaban el contenido de los mensajes intercambiados entre la primera dama y el hacker Silvonei Jesus Souza, condenado a 5 años y 10 meses de prisión en octubre de 2016. Este hombre intentó chantajear a Marcela Temer con el contenido del celular robado de la mujer del Presidente.

Primera dama Marcela Temer. (Foto: Mauro Vieira/MDSA is licensed under CC BY-SA 2.0)

Souza exigía 3.000 reales (cerca de US 96.000 dólares) para no revelar audios y fotos encontrados en el celular de la primera dama, de acuerdo con G1. “Pues bien, como el video enloda en nombre de su marido, cuando usted dice que él tiene un comerciante que hace su parte en un nivel bajo… ¡pensé en ganar algo con eso!”, decía uno de los mensajes, también divulgados por la revista Carta Capital.

En un comunicado conjunto, la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio Televisión (Abert), la Asociación Nacional de Editores de Revistas (Aner) y la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) informaron que “el contenido de los mensajes hace parte de la investigación policial anexa a la acción penal de Souza, que ya no es secreto judicial”.

De hecho, Folha de S. Paulo publicó el número de casos contra el hacker en el Tribunal de Justicia de São Paulo, que permite el acceso en línea al contenido de los mensajes a cualquier abogado o persona registrada en el sitio del tribunal.

Poco después de la publicación de dos artículos sobre los mensajes, el pasado 10 de febrero, el juez Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, de la Corte Civil 21 de Brasilia, concedió una medida cautelar a favor de retirar las publicaciones. De acuerdo con la orden del juez, “la inviolabilidad de la intimidad tiene soporte jurídico claro”.

Ambos medios retiraron los reportajes de sus sitios web este 13 de febrero después de haber recibido la decisión. Según O Globo, asesores del presidente Michel Temer se contactaron con el diario carioca la noche del viernes para hablar sobre el tema y avisarle de la decisión judicial. Sin embargo, el reportaje ya había sido publicado en el sitio de O Globo que esperó la notificación oficial para quitarlo del aire. Folha fue notificada a las 9:05 del día 13.

La primera dama también exigió una indemnización de 500.000 reales (cerca de US 160.800 dólares) por parte de los dos medios por haber publicado la información censurada en sus sitios digitales y en las ediciones impresas vendidas. Sin embargo, el juez fijó una multa de 50.000 reales (cerca de US 16.000 dólares) diarios para ambos periódicos en caso de no cumplir con la decisión.

La Abert, Aner y ANJ consideraron la decisión judicial como “una restricción a la libertad de prensa y esperamos que la sentencia sea revisada o modificada inmediatamente, garantizando a los medios de comunicación el derecho constitucional a llevar a la población información de interés público”.

El 11 de febrero, la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji) también repudió la censura, reiterando que “está en contra de cualquier tipo de censura” y pidiendo “la anulación de la absurda decisión de la Corte Civil 21 de Brasilia”. “Impedir a los reporteros la publicación de reportajes es perjudicial no solo para el derecho a la información, sino también para el papel de los periodistas de fiscalizar el poder público”, señaló la organización en un comunicado.

Abraji recordó una decisión del Tribunal Supremo Federal (STF por sus siglas en portugués) de 2015, en la que la magistrada Carmen Lúcia declaró “cerrar su boca se acabó, la Constitución lo dice”. “La censura fue abolida por la Carta Magna de 1988 y por el STF en su decisión ADPF 130, que derrocó la Ley de Prensa. La libertad de prensa y la libertad de expresión son fundamentales en cualquier democracia”, dijo la organización.

El presidente de la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj), María José Braga, dijo a Folha que la entidad “está alerta a la posición que la justicia brasileña ha asumido de restringir, a través de decisiones, el trabajo de la prensa”. De acuerdo con Fenaj, el poder judicial en Brasil impidió la publicación de reportajes en 16 ocasiones el año pasado.

El director jurídico del Grupo Folha, Orlando Molina, dijo que la decisión es un atentado “brutal” a la libertad de prensa. “Esto constituye censura de un medio de comunicación”, dijo a Folha.

El periódico apeló la decisión este lunes. La abogada de Folha, Tais Gasparian, presentó la petición argumentando que el reportaje trata sobre un tema importante y “no divulga chismes o busca satisfacer la curiosidad general sobre la vida de los poderosos. Los hechos divulgados no se refieren a la intimidad de la parte agraviada como contrariamente se sustenta en la petición inicial, sino que se refieren a la sospecha sobre el Presidente de la República”.

Como los mensajes del hacker ponían en peligro la reputación del presidente Michel Temer, la abogada argumentó que “la información sacada a la luz y que motivó la publicación es que el contenido hackeado, según consta en los archivos de la causa penal, podría potencialmente llegar hasta el presidente de la República [...] Tratándose de un asunto público y relacionado con la Presidencia de la República, ¿por qué la información no podía ser publicada?”.

Por último, el recurso afirma que la primera dama no tiene derecho a la privacidad, “no sólo porque ocupa una posición pública de gran importancia, sino también porque, como se ha dicho, toda la información divulgada fue extraída de los procesos judiciales dotados de amplia publicidad”.

El gobierno brasileño negó que la medida judicial se configure como censura. En un comunicado, el Gobierno federal dijo que la acción está amparadas en normas como la Ley Carolina Dieckmann, que protegen el derecho a la privacidad de las personas cuya intimidada haya sido violada en los medios digitales.

Según O Globo, el presidente Michel Temer respondió irritado a los periodistas que le preguntaron sobre el tema de censura. “No fue eso, usted sabe que no la hubo”, dijo.

Varios políticos de la oposición de la Cámara y el Senado también criticaron la decisión, según Folha. El diputado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) Chico Alencar llamó la atención sobre el hecho de que Gustavo Rocha, jefe adjunto de asuntos jurídicos de Casa Civil (Jefatura de Gabinete), presentó la acción. “El hecho de que él tome la iniciativa pone de manifiesto que se trata de un asunto político y no personal”, dijo a Folha.

El secretario ejecutivo de Abraji, Guilherme Alpendre, también criticó la participación de Rocha en la acción en una entrevista a la radio CBN.

“Cuando usted tiene [involucrada] a la primera dama, que también tiene un abogado adjunto la Fiscalía General, tenemos un problema bastante grave. Esto es el Estado federal, la Unión, tomando parte en una acción que es contraria a uno de los principios de la Constitución que es la libertad de expresión. Esto abre un precedente muy peligroso”, dijo.

En un comunicado, el gobierno de Brasil dijo que el abogado Gustavo Rocha trabajó como representante de Marcela Temer, y no en nombre del Ejecutivo. Según el Gobierno federal, a pesar de su cargo en la Casa Civil, Rocha “no está impedido de ejercer” su profesión.




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