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Blog PERIODISMO EN LAS AMERICAS

Congreso de Honduras aprueba pena de cárcel para periodistas que hagan apología al terrorismo



Esta historia ha sido actualizada para incluir la respuesta del Congreso Nacional de Honduras al pedido de modificación de la ley hecho por el Colegio de Periodistas de Honduras

Penas de entre cuatro y ocho años de prisión podrían recibir los periodistas que públicamente o través de medios de comunicación hagan apología al odio o inciten al terrorismo, según la reciente reforma de la ley antiterrorismo aprobada por el Congreso Nacional de Honduras.

Antes de aprobarse la reforma del Artículo 335-B del Código Penal el pasado martes 21 de febrero, el partido gobernante, Partido Nacional, a través del parlamentario Óscar Álvarez, incluyó en la norma a los medios de comunicación como posibles autores directos, informó el sitio Criterio.

El artículo en cuestión dice: “Quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”, publicó Criterio.

Dos días después de aprobada la norma, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Mauricio Oliva, acordó en una reunión solicitada por los representantes del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) modificar el polémico artículo para eliminar cualquier violación a la libertad de expresión, informó Prensa Latina.

Con este fin, según Prensa Latina, Oliva ratificó la designación de un comité técnico para revisar la redacción de la ley.

Sin embargo, el presidente del Congreso dijo que las modificaciones a la ley se harán luego de que esta sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta, informó La Noticia.

En un comunicado difundido el 24 de febrero, el CPH dijo confiar en el compromiso verbal de las autoridades del Poder Legislativo; no obstante, aseveró que se mantendrá vigilante de que esta reconsideración sea implementada, publicó Criterio.

La organización también advirtió en el documento que de no cumplirse o dilatarse el acuerdo, emprenderá las acciones legales correspondientes “para hacer que prevalezca el respeto a la libertad de expresión y al Estado de Derecho”.

El diputado Jorge Cálix del Partido Libertad y Refundación – Libre lamentó la aprobación de la “ley mordaza”. Y aseveró que los oficialistas “quieren perseguir a los medios y periodistas que no han podido ser comprados, los van a tratar como terroristas, en particular a quienes no sigan la línea del gobierno”, publicó El Confidencial.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) vio con preocupación la ambigüedad de las figuras penales aprobadas recientemente en Honduras, por facilitar estas interpretaciones amplias la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo.

“La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”, resaltó el organismo internacional en su nota de prensa.

Juan Ramón Mairena, expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), dijo que la ley es una limitación para la libertad de expresión, según La Prensa.

“Los periodistas quedamos a expensas del criterio de un juez al momento de informar sobre un hecho catalogado o no como terrorista”, acotó Mairena.

Para el exfiscal general, Edmundo Orellana, este paquete de reformas penales es una herramienta legal del gobierno para reprimir a la ciudadanía que se manifieste en contra de la inconstitucional reelección del presidente Juan Hernández, informó Criterio.

De acuerdo con Criterio, la nueva ley está dentro del paquete de reformas al Código Penal y Código Procesal que también establecen como delito de terrorismo las acciones violentas que pudieran ocurrir durante protestas ciudadanas.




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