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Blog PERIODISMO EN LAS AMERICAS

Periodistas y activistas mexicanos denuncian al Gobierno por supuesto espionaje a través de un malware



* Este artículo fue actualizado para incluir la postura del Gobierno de México y para aclarar que tanto The New York Times como Citizen Lab publicaron reportes sobre el supuesto espionaje. También fue actualizado para incluir una cita de Citizen Lab sobre la fuente de los mensajes.

Luego que el diario The New York Times publicara una investigación que revela el uso de un malware para infectar dispositivos de periodistas y críticos de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos en México denunciaron formalmente el caso de espionaje del que fueron víctimas supuestamente por parte de agencias del Gobierno de ese país.

La Presidencia de México negó horas después, a través de una carta dirigida a The New York Times, que hubiera pruebas de que alguna agencia gubernamental estuviera detrás del supuesto espionaje.

The New York Times reveló la operación de espionaje en su primera plana. (Captura de pantalla)

El diario estadounidense publicó en su primera plana de este 19 de junio una investigación que revela que un grupo de reconocidos periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos han sido víctimas de un programa de espionaje vendido al Gobierno mexicano. El propósito original del programa es vigilar a grupos criminales y terroristas.

El ataque se da a través de un software llamado Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que infecta teléfonos celulares para monitorear mensajes, emails y contactos, y que además es capaz de usar el micrófono y la cámara de los dispositivos para vigilar a sus dueños.

El Citizen Lab de la Universidad de Toronto realizó un estudio paralelo que revela que entre los representantes de medios de comunicación que fueron víctimas de esta técnica de espionaje están Carmen Aristegui y sus colaboradores Rafael Cabrera y Sebastián Barragán. También se menciona a Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, quienes participaron en la investigación de Aristegui sobre la casa blanca de Enrique Peña Nieto, y quienes actualmente colaboran en el portal Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El conductor del noticiario matutino de la cadena Televisa Carlos Loret de Mola también está entre los afectados.

El hijo de Aristegui, quien al momento de las supuestas intervenciones era menor de edad, también está en la lista de personas espiadas que fue dada a conocer por Citizen Lab, y que fue presentada en una rueda de prensa de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales realizada en la Ciudad de México con representantes de Citizen Lab, la organización Artículo 19 y varios de los afectados.

La conferencia se llevó a cabo tras la presentación de la denuncia por los delitos de intervención de comunicación privada y acceso ilícito a sistemas y equipo de informática ante la Procuraduría General de la República.

“Estamos obligados como sociedad a exigirle a esas instituciones que pagamos que respondan a esta denuncia y a todas las demás [...] Aunque parezca sin sentido exigir que se investiguen a ellos mismos, hay que dar ese paso”, dijo Aristegui en la rueda de prensa. “¿Qué dice el Gobierno de México sobre este, que es el abuso más claro que se ha documentado de estas tecnologías por parte de un gobierno, utilizadas en contra de ciudadanos?”.

Las personas supuestamente espiadas incluyen a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. (Captura de pantalla)

La periodista dijo que esta investigación publicada por The New York Times es un elemento de gran valor para la sociedad mexicana, donde la impunidad es una idea que prevalece en los casos de agresiones a periodistas, en parte por falta de pruebas contundentes en esos casos. La investigación, dijo, es una prueba irrefutable de hostigamiento a periodistas y de acciones contra la libertad de expresión.

El espionaje denunciado se realizaba a través de un malware que era infiltrado en los dispositivos móviles de las víctimas a través de mensajes de texto que incluían un enlace que al abrirse daba acceso a la instalación de un software.

De acuerdo con el informe de Citizen Lab, Aristegui, su hijo y sus colaboradores recibieron – entre 2015 y 2016 – 56 de esos mensajes. Carlos Loret de Mola recibió ocho mensajes en el mismo periodo de tiempo, mientras que Salvador Camarena y Daniel Lizárraga recibieron al menos tres de esos SMS en mayo de 2016.

Como fue destacado por Citizen Lab, las fechas en que los mensajes eran recibidos coinciden en tiempo con las coberturas que los periodistas realizaron sobre casos sensibles para el Gobierno. En el caso de Aristegui, el espionaje coincide con los momentos de sus reportajes sobre la casa blanca del Presidente Enrique Peña Nieto, el plagio de su tesis y diversas violaciones a los derechos humanos en México.

Los mensajes a Camarena y Lizárraga llegaron cuando Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó investigaciones sobre actos de corrupción del exgobernador de Veracruz Javier Duarte y del exdirector de la Comisión Nacional del Agua.

“No puede ser casual que precisamente en los momentos más difíciles de este Gobierno, cuando debieron salir a dar explicaciones sobre matanzas, ejecuciones, hechos de corrupción y los casos que han seguido defensores de derechos humanos, lejos de dar las respuestas institucionales necesarias, lo que hubo fue espionaje”, dijo Aristegui, quien aprovechó la conferencia de prensa para pedir al Presidente de México una explicación sobre el caso. “Todo conduce a la Presidencia, no hay lugar a dudas de que los agentes del estado mexicano que tienen las posibilidades de adquirir esta tecnología son el Ejército, la PGR, el CISEN. Hay documentación de que ellos han adquirido este tipo de tecnología”.

La periodista Carmen Aristegui, su hijo y dos colaboradores de su portal Aristegui Noticias recibieron 56 mensajes con el supuesto malware. (Captura de pantalla)

Loret de Mola; quien recibió los mensajes con el malware tras la publicación de su trabajo sobre las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán, por parte de la Policía Federal; dijo que este caso de espionaje no es un caso menor, aun en medio de un clima de violencia que incluye el reciente asesinato de varios periodistas en el país.

“No me parece un asunto menor, ni siquiera en un contexto tan violento, porque por el espionaje se abre la puerta para que llegue más lejos la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas, los levantones, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, la impunidad que favorece que nada de esto se investigue, que nada de esto se castigue. Todo va en la misma dirección”, dijo en un mensaje en video que fue publicado en sus redes sociales. “Es claro que quieren que sepamos que nos están espiando, quieren hacernos sentir vulnerables. Han logrado crear ya un clima de inseguridad, de temor y de impunidad para todos los que buscamos difundir verdades incómodas”.

La Presidencia de México dijo en su carta a The New York Times que no hay pruebas de que agencias del gobierno sean responsables del espionaje descrito en el artículo, y condenó todo intento de vulnerar la privacidad de las personas.

"Para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho," dice la carta, que fue difundida en redes por el vocero de la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

Citizen Lab dijo también que "no hay evidencia concluyente que atribuya estos mensajes a agencias gubernamentales específicas en México. Sin embargo, evidencia circunstancial sugiere que uno o más de los clientes gubernamentales de NSO en México son los probables operadores".

NSO Group, empresa desarrolladora del software, sólo vende el sistema de espionaje a agencias de gobierno bajo condición de que sólo sea usado contra grupos criminales. De acuerdo con el reporte de The New York Times, el costo por usar el software contra 10 usuarios de iPhone es de US 650 mil dólares, más un pago por instalación de US 500 mil dólares.




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