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Blog PERIODISMO EN LAS AMERICAS

Relatores de ONU y CIDH exhortan al gobierno de México a brindar protección efectiva a periodistas del país




En México, los periodistas viven bajo el terror de la violencia, y aunque el gobierno ha creado mecanismos para proteger a estos profesionales, la impunidad y la inseguridad continúan rondando en el país. Estas son algunas de las conclusiones de David Kaye, Relator Especial de la ONU para promover y proteger el derecho a la libertad de expresión y de opinión, y de Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de concluir una semana de misión en México.

Los relatores presentaron sus observaciones preliminares en una conferencia conjunta realizada en Ciudad de México, capital del país, el día 4 de diciembre. “Percibimos un gremio atemorizado en muchas partes de la Federación, aterrorizados en algunos casos por lo que han tenido que vivir y ver, porque han perdido colegas, y han sido ellos mismos objeto de diversas formas de agresión; porque tienen compañeros aún desaparecidos y es una realidad que golpea e impacta”, dijo Lanza, según reportó El Universal.

David Kaye (ONU) y Edison Lanza (CIDH), Relatores Especiales para la Libertad de Expresión, en México. (Foto: Twitter @ONUDHMexico).
 

“México es un país democrático y no puede continuar con esta dinámica de violencia y asesinatos contra periodistas”, continuó el relator de la CIDH. “Cuando se compara con Siria y otros países del mundo donde hay conflicto y autoritarismo, creemos que México sale peor parado, porque es una democracia que, en muchos sentidos, aspira a ser un país desarrollado”.

Desde el año 2000, son 111 los periodistas que han sido asesinados en México; 38 desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia.

Con el objetivo de evaluar el estado de la libertad de expresión y de la seguridad de los periodistas en el país, los relatores visitaron 21 Estados mexicanos y se reunieron con más de 250 periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre, informó la CIDH. El 4 de diciembre dieron a conocer las observaciones preliminares de su visita, las cuales fueron también una evaluación de los avances logrados desde 2010, cuando se realizó la última misión de los relatores para la libertad de expresión de la ONU y la CIDH en el país.

En su reporte preliminar, Kaye y Lanza reconocieron como avances la creación de órganos como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Prensa (Feadle), el Mecanismo para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Sin embargo, resaltaron que “México ha hecho poco o ningún progreso para erradicar la impunidad”.  

“La impunidad por los asesinatos y otros ataques contra periodistas se ha documentado por parte de las instancias gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil y señalan que al menos el 99.6% de estos crímenes siguen sin resolverse. No se concibe que el Gobierno mexicano haya fracasado para determinar las circunstancias en las que al menos veinte periodistas hayan desaparecido, en localizar sus paraderos y perseguir a los responsables”, anotaron los relatores.

“El gobierno debe lidiar con la percepción y la realidad de que es muy inusual que se haga responsable a los autores materiales de esta violencia”, dijo Kaye según El Universal. “El esfuerzo nacional, que ya se ha establecido en la infraestructura, con el mecanismo de protección y la Feadle, debe tener más recursos. Necesitamos ver un esfuerzo muy fuerte para mejorar los recursos y la capacidad que tiene la fiscalía”.

Los relatores también se refirieron a la investigación de la Feadle sobre el uso del software Pegasus, presuntamente usado por el gobierno de Peña Nieto para espiar a periodistas y activistas de derechos humanos.

“Nos preocupa que FEADLE, incluso con un esfuerzo de buena fe, le falte independencia para investigar este asunto de tal seriedad. De hecho, existe información que la Procuraduría General de la República, de la que FEADLE es parte, sería uno de los compradores de Pegasus”, escribieron Kaye y Lanza en sus observaciones preliminares. Afirmaron que “cualquier investigación debería ser independiente de los gobiernos federales y estatales que se alega han comprado o utilizado el spyware [y debería incluir] expertos de las organizaciones de la sociedad civil, incluso potencialmente personas extranjeras”.

El informe completo con las conclusiones y recomendaciones finales de los relatores de la ONU y de la CIDH será publicado en 2018.

Medios mexicanos dicen “Basta Ya”

El mismo día que Kaye y Lanza presentaron su diagnóstico de las amenazas a periodistas y a la libertad de expresión en México, 39 empresas periodísticas mexicanas; incluidos periódicos, revistas y estaciones de radio y televisión; lanzaron un manifiesto titulado “Basta Ya” en respuesta a los ataques en contra de la prensa del país.

“El sistema de justicia mexicano, tanto en las instancias locales como federales, se ha visto rebasado ante la violencia contra la prensa que no sólo golpea al sector periodístico sino lesiona su misión de velar por el derecho de la sociedad a saber, clave para consolidar una democracia”, señala el texto divulgado simultáneamente por los medios que la firman, entre los que están los periódicos El Universal, La Jornada, La Razón, El Economista y Milenio, las estaciones de radio y televisión como Univisión, TV Azteca, Televisa y Radio Centro; y revistas como Nexos y Proceso.

Los medios acusaron al crimen organizado de cancelar “la libre expresión en regiones enteras del país” e incluyen “servidores públicos de los tres niveles de gobierno” entre los agresores a la prensa y periodistas. “Ante este panorama, en México se requieren con urgencia gobernantes, legisladores, fiscales, jueces, policías y otros funcionarios que estén más comprometidos con la necesidad de proveer esquemas de protección. Este compromiso se exige tanto a gobierno federal como a los gobiernos estatales y municipales, los cuales son los primeros responsables de garantizar la seguridad de los comunicadores”.

Los 39 medios de comunicación también reconocieron su responsabilidad en dar su propia contribución “para proteger a periodistas y empresas”. Estas últimas fueron llamadas “a dotar a los periodistas de esquemas de capacitación, seguridad social, salarios adecuados y seguros de vida, especialmente en aquellos casos en que estén desempeñando coberturas que entrañen un peligro claro”.

Los medios dijeron que habían acordado desarrollar una estrategia conjunta para prevenir ataques contra periodistas. También propusieron la creación de un grupo de trabajo para delinear acciones a corto, mediano y largo plazo en ese sentido, así como establecer objetivos que puedan ser alcanzados como industria de medios de comunicación y como gremio profesional. El grupo también abrirá canales de comunicación con instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales y otras entidades en busca de apoyo para sus objetivos. Finalmente se comprometieron a promover una campaña para sensibilizar a la sociedad sobre los desafíos que enfrenta la prensa en México.

“La batalla contra la impunidad sólo será eficaz si tenemos de nuestro lado a una sociedad que sienta que con cada asesinato de un periodista se le arranca de las manos su derecho a saber, a participar; su esencia misma como ciudadanos”, finalizaron.

La agencia de noticias EFE resaltó que este es el segundo “Basta Ya” lanzado por medios de comunicación sobre la situación en México en menos de un año. El 24 de mayo, pocos días después del asesinato del periodista Javier Valdez en Sinaloa, medios nacionales e internacionales divulgaron un llamado similar para denunciar una “ofensiva asesina” contra comunicadores en México, exigiendo seguridad y garantías para el derecho a informar.

Además, después del asesinato de Valdez, la iniciativa Agenda de Periodistas fue creada y convocó a cientos de periodistas para discutir acciones a ser tomadas para frenar los ataques en contra de periodistas.

Desde mayo, por lo menos otros cinco profesionales de los medios fueron asesinados en el país: los mexicanos Salvador Adame, Cándido Ríos Vásquez, Juan Carlos Hernández Ríos y Édgar Esqueda, así como el hondureño Edwin Rivera Paz.




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