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Informe de Unesco destaca cursos online del Centro Knight entre sus iniciativas para capacitar jueces en América Latina




Por Silvia Higuera y César López Linares

Tras cinco años desde su implementación, el proyecto de la Unesco para entrenar a jueces, fiscales y otros operadores de justicia de América Latina sobre libertad de expresión y acceso a la información se ha convertido en el programa de entrenamiento judicial más ambicioso en la región y ha llevado a resultados concretos en las cortes. Esta es la conclusión de un informe especial para la Unesco producido por el periodista estadounidense Bill Orme.

En el reporte “Escuela para Jueces: Lecciones de libertad de información y expresión desde y para los tribunales de América Latina”, publicado por la Unesco en español e inglés, Orme destaca que más de 600 operadores judiciales han participado en los seminarios presenciales del programa, y cerca de 8.000 han tomado el curso masivo gratuito en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) ofrecido en conjunto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin.

El alcance de estos cursos en línea, que permiten la “democratización de la formación judicial” como lo cita Orme en su informe, se han convertido en elemento de gran apoyo a este programa de capacitación de la Unesco. Así por ejemplo, uno de los 10 resultados importantes que ha tenido esta iniciativa de capacitación en la región, según Orme, es el respaldo de las máximas autoridades judiciales de América Latina a este MOOC que lleva por nombre “Marco Jurídico Internacional de la libertad de expresión, acceso a la información pública y seguridad de periodistas”.

Estos cursos en línea, pioneros en el mundo en materia de libertad de expresión, comenzaron en 2014 con el programa piloto dirigido a jueces y otros operadores de justicia de México. En aquella ocasión participaron cerca de 900 personas que significó para Rosental Alves, director y fundador del Centro Knight, una respuesta “casi abrumadora” e inesperada, según el reporte de Orme.

A este le siguió una versión especial del curso para jueces del estado mexicano de Coahuila en 2015. Ese mismo año, se ofreció por primera vez el curso a nivel de América Latina y España, el cual se ha ido ofreciendo anualmente con actualizaciones tanto de video clases como de decisiones judiciales, con una cada vez mayor participación de operadores de justicia de la región.

En total, el Centro Knight, la Unesco y la Relatoría Especial han impartido la versión internacional del curso cinco veces. La más reciente edición terminó en mayo de 2018, la que alcanzó un número récord de 2.418 participantes aceptados.

“Para la Relatoría Especial es muy importante participar en este proceso de trabajo junto a los operadores de justicia de la región. Un trabajo que es parte de la incansable tarea de promoción que viene realizando esta oficina en los últimos 20 años en su relación con altas Cortes, tribunales nacionales y fiscalías de los diversos países de la región; y que van desde las múltiples visitas presenciales a las fiscalías de varios países, a escuelas judiciales y espacios de reflexión con jueces y juezas, pasando por los informes temáticos y la sistematización de estándares; hasta los casos impulsados a través de la Comisión y ante la Corte Interamericana que generan decisiones emblemáticas”, dijo al Centro Knight Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y uno de los instructores de estos cursos en línea.

“La implementación de este MOOC junto a la Unesco y el Centro Knight constituye una práctica exitosa que hemos sostenido en el tiempo y que permite una mayor diseminación a través de las nuevas tecnologías. Destacamos la cifra de 8.000 operadores de justicia como un gran logro conjunto con nuestros socios. Esto tampoco podría entenderse sin el conocimiento experto, la doctrina y la jurisprudencia que ha impulsado la oficina de la Relatoría a nivel interamericano en sus 20 años y en la justicia individual en casos concretos tramitados ante el sistema interamericano”, agregó Lanza.

 

Precisamente el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión al programa de capacitación de la Unesco así como la decisión de la Cumbre Judicial Iberoamericana de alinear sus actividades con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas son otros logros destacados que ha tenido esta iniciativa, según el informe.

Un proyecto que busca inspirar a otras regiones

La Unesco invitó a Orme, excorresponsal de The New York Times en el Medio Oriente y especialista en medios internacionales y comunicación estratégica, a escribir el artículo con el fin de que alguien analizara los resultados del programa desde un punto de vista objetivo, y en un formato periodístico que pudiera ser comprensible para el público en general, en lugar de difundir un reporte oficial. El resultado, según la Unesco, fue una pieza menos burocrática y más humanizada.

“Este informe logra contar la historia desde la perspectiva de los mismos jueces involucrados, desde su óptica”, dijo al Centro Knight Guilherme Canela, consejero regional sobre comunicación e información de la Unesco. “Tener a alguien totalmente externo contando esta historia me parece que es muy útil para tener una nueva perspectiva, oxígeno nuevo, en cómo leer esta historia que mucha gente la considera una historia de éxito”.

Para realizar el informe, Orme viajó a Paraguay en noviembre de 2017, durante el más reciente seminario presencial del programa de entrenamientos. Allí, el periodista entrevistó a varios de los jueces participantes y a expresidentes de cortes involucrados en el diseño del programa.

Tras sus entrevistas en Paraguay, Orme pudo corroborar el impacto a largo plazo que el programa ha tenido en el sistema de justicia criminal y en la defensa de la libertad de prensa y acceso a la información en ese país.

El periodista tomó como ejemplo el caso del asesinato del periodista paraguayo Pablo Medina en 2014, quien estaba investigando reportes sobre los presuntos vínculos de un alcalde con el narcotráfico. Más tarde se supo que el alcalde había sido el autor intelectual del homicidio y fue sentenciado a 39 años de prisión.

“Uno de los jueces en el juicio del exalcalde se graduó de ese seminario 2015 de la Unesco”, escribió Orme. “El juez dijo a sus colegas más tarde que el curso le había dado una valiosa guía en el caso, destacando precedentes para procesar el homicidio premeditado de un periodista, no como un homicidio común, sino como un ataque a la libertad de prensa y los derechos de todos los paraguayos a ‘buscar, recibir y difundir información e ideas’, en palabras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

La Unesco espera que el reporte de Orme sirva para inspirar a otras regiones a llevar a cabo programas de entrenamiento similares al de América Latina para apoyar el fortalecimiento de los poderes judiciales en casos de libertad de expresión y de otros derechos.

Del 28 al 30 de noviembre de 2017 tuvo lugar en Asunción, Paraguay, una edición de la ronda de formación de operadores judiciales en América Latina. El tema era “Libertad de expresión, acceso a la información pública y nuevos desafíos digitales”. (Foto: UNESCO).

“Esta iniciativa ya está teniendo partes de ella siendo aplicadas en África por interés de los operadores judiciales africanos”, dijo Canela. “El año pasado ya se hizo una primera formación de jueces africanos totalmente inspirada – por supuesto con las adaptaciones correspondientes – en esta iniciativa que empezó en América Latina”.

Orme destacó en su reporte que la mayoría de las leyes de acceso a la información pública vigentes en el mundo datan del año 2000 a la fecha, y que América Latina está a la vanguardia tanto en términos del rigor de su legislación como en el éxito de su implementación. Sin embargo, la mayoría de las escuelas de Derecho en la región no abordan todavía esos marcos jurídicos. Ese es el desafío que llevó a la Unesco a crear el programa de entrenamiento.

“Los jueces y otros operadores judiciales fueron formados en un momento en que estos marcos legales ni siquiera existían en sus propios países”, dijo Canela. “Creemos que un desafío es que conozcan y sean formados en esta nueva lógica de gobernanza posterior a esta ola de aprobación de leyes de acceso a la información pública”.

Canela dijo que de los temas que más interesan a los jueces y magistrados latinoamericanos en los cursos y seminarios son los que tienen que ver con la legislación sobre internet y libertad de expresión.

“Estas dificultades son aún más gráficas por toda la novedad y la aceleración que la tecnología trae en términos de derechos como libertad de expresión o como privacidad”, dijo el consejero de la Unesco.

Canela espera que el informe de Orme estimule el interés de los periodistas de América Latina sobre la importancia del poder judicial en la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la protección de los propios periodistas.

“Si esto puede estimular a otros periodistas latinoamericanos a que, independientemente de que hablen de la iniciativa de la Unesco, hablen del tema, de la importancia del poder judicial para promover y proteger la libertad de expresión, creo que habremos logrado alcanzar el objetivo con este informe”, dijo Canela.




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