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Gobierno colombiano se compromete con la libertad de prensa ante incremento de amenazas contra periodistas



Actualización (10/8/2018): La Fiscalía General de la Nación de Colombia anunció el 8 de agosto que tres de los autores materiales de las amenazas recibidas por María Jimena Duzán, Luis Carlos Vélez y Katherine Leal serán imputados.

También informó que se están investigando 188 casos correspondientes a las 277 amenazas en contra de periodistas recibidas entre julio de 2016 y julio de 2018.

Para reportar este tipo de intimidaciones, la Fiscalía proporcionó el número telefónico 350 6011181 y el correo electrónico recepcion.amenazas@fiscalia.gov.co.

Original (8/8/2018): En Colombia, la sociedad civil ha hecho una serie de llamados al Estado para que detenga la oleada de agresiones y amenazas contra periodistas y líderes sociales que en los últimos cuatro años ha cobrado mayor intensidad, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP).

Imagen de la FLIP sobre agresiones a periodistas. (Cortesía).

“Desde el Estado y ciertamente a nivel internacional se venía de alguna manera promocionando la idea que Colombia era un gran ejemplo sobre mejoría en la situación de la libertad de expresión en el mundo”, dijo Sebastián Salamanca de la FLIP en entrevista con el Centro Knight. “Esa era una visión que la FLIP venía rechazando. El ejemplo perfecto es que las amenazas a periodistas se han triplicado en los últimos tres años en Colombia”, resaltó.

A raíz de la reciente ola de amenazas contra periodistas en el país, la FLIP y la Asociación Colombiana de Medios Informativos (AMI) se reunieron con las autoridades nacionales el 2 de agosto las cuales se comprometieron a promover la libertad de prensa y expresaron su preocupación respecto de lo que está sucediendo en las regiones del país, reportó FLIP.

“Convocamos a la sociedad civil y, en especial a los funcionarios públicos, a rechazar la violencia contra la prensa y actuar de manera contundente en este tipo de casos”, indicó el comunicado conjunto. “La censura conlleva un costo social y democrático intolerable”, subrayó.

Salamanca consideró muy importante estar atentos a cuáles serán las medidas que va a tomar el gobierno en las próximas semanas “para poder intuir qué tanto de esto se va a cumplir en la práctica”.

Amenazas

A principios de agosto, tres periodistas de varios medios que estuvieron haciendo reportajes en Moncoa, Putumayo, fueron amenazados de muerte a través de Facebook por una persona que se identificó como parte del grupo Las Águilas Negras, informó la FLIP.

Los periodistas consideraron que estas amenazas son consecuencia de sus reportajes sobre los operativos que la Policía y el Ejército están desplegando para capturar a miembros de grupos disidentes de las Farc en esa región.

A mitad de julio y a través de un panfleto presuntamente firmado por el el grupo paramilitar Bloque Central de Las Águilas Negras, Jineth Bedoya y el equipo periodístico de la Silla Vacía fueron acusados de “guerrilleros” y los declararon “objetivo militar”, informó la FLIP.

Esa misma semana, María Jimena Duzán, columnista de la revista Semana, fue amenazada de muerte vía Twitter.

El 16 de julio, tres periodistas de la emisora RCN fueron amenazados por una persona que se identificó como miembro de la guerrilla del ELN. Amenazaron a Jorge Espinosa, Juan Pablo Latorre y a Yolanda Ruiz, directora del noticiero matutino, informó la FLIP.

Tanto Bedoya como Duzán han sufrido directamente la violencia del conflicto armado años atrás. A principios de los años 2000, Bedoya, actual subeditora de El Tiempo, fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual. Ella fue raptada cuando se dirigía al lugar en donde entrevistaría a un líder paramilitar. Un año antes, Duzán perdió a su colega y hermana, Silvia Margarita, cuando paramilitares la asesinaron en 1999.

Peligros que enfrentan los periodistas en las regiones

Salamanca, abogado y coordinador del área de atención y defensa a periodistas de la FLIP, explicó que en Colombia, en términos generales, la protección que ofrece el Estado a los periodistas no es suficiente garantía para asegurar que no serán amenazados o asesinados como consecuencia de su oficio.

“Existen territorios que son especialmente difíciles para el ejercicio del periodismo y, en algunos de ellos, me atrevo a decir que no existe ninguna posibilidad de hacer periodismo de una manera independiente sin que esto genere riesgos a la vida o a la integridad”, comentó Salamanca.

Con territorios se refirió a las zonas de conflicto y zonas fronterizas en donde los periodistas suelen correr más peligro. Citó como ejemplo la zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela; Tumaco, en la frontera con Ecuador; el Urabá antioqueño, en la frontera con Panamá. También se refirió a las zonas del interior del país colombiano, como las de la Amazonía, en donde se extrae ilegalmente minerales de los ríos.

Compromisos del nuevo Gobierno

Para la FLIP, las autoridades públicas nacionales deben rechazar “inconfundiblemente” este tipo de situaciones. Asimismo, según Salamanca, el Gobierno debe destinar más recursos a la Fiscalía General de la Nación para que pueda tener mayor capacidad de manejo de las investigaciones y sea más eficiente.

A partir de la reunión del 2 de agosto que sostuvieron la FLIP, AMI y las autoridades nacionales, incluyendo el Ministro del Interior, el Fiscal de la Nación, una vocera de la comisión de empalme del gobierno del presidente electo Iván Duque, el gobierno se comprometió puntualmente a impartir instrucciones a todos los delegados de los órganos de control y agencias del Estado del país, “con el fin de optimizar la ejecución de los mandatos misionales, garantizar el derecho a la vida y la integridad de los periodistas y velar por las condiciones necesarias para una prensa libre en todo el territorio nacional”.

Además, alentaron a los periodistas y medios de comunicación a presentar oportunamente las denuncias de cualquier tipo de estigmatización, amenaza o agresión que ocurran como consecuencia de su profesión, las cuales contarán de forma prioritaria con los canales que sean necesarios, según señaló el comunicado del gobierno colombiano.




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