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Pleno de la Asamblea de Ecuador estudiará reformas a la controversial Ley de Comunicación del país



La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de Ecuador, considerada por organizaciones de defensa de la libertad de prensa como la ley más represiva del continente, podría quedar reformada antes de finalizar este año 2018.

Así lo cree César Ricaurte, director de Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), una de las entidades que conforma el Grupo Democrático por las Reformas de la LOC, que ha trabajado por meses para lograr cambios significativos.

El trabajo de este Grupo, así como “la voluntad” que para Ricaurte ha mostrado el actual presidente del país Lenín Moreno, consiguió un primer logro luego de que la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional aprobara el informe para el primer debate de reformas de la LOC en el pleno de la Asamblea.

La Comisión aprobó el informe con base en la iniciativa enviada por el poder Ejecutivo y en catorce propuestas más, publicó El Universal. Este documento propone reformar 40 artículos, agregar 22 y derogar 11 de la LOC, agregó el diario.

Tras la aprobación, que tuvo lugar el 5 de septiembre, el presidente de esta Comisión debe enviar el informe a la presidente de la Asamblea para que programe este primer debate, informó Fundamedios.

“La expectativa es que tengamos ya una ley reformada hacia finales de este año”, explicó Ricaurte al Centro Knight. “El Grupo [ha tratado] de impulsar las reformas a la Ley de Comunicación bajo el principio común que nos une que es el cumplimiento de los estándares internacionales”.

Para el cumplimiento de estos estándares, se busca eliminar figuras jurídicas polémicas creadas con la LOC como el de linchamiento mediático o el de censura previa por omisión, explicó Ricaurte.

La figura de linchamiento mediático podía convertir una investigación periodística en un delito porque no permite la publicación de información “producida de forma concertada y publicada reiterativamente” que desprestigie a una persona natural o jurídica.

En el caso de censura previa por omisión algunos medios fueron sancionados por no publicar información que funcionarios públicos o civiles consideraban de interés público. Con esta figura por ejemplo, en 2017 siete medios de comunicación fueron sancionados por no haber reproducido un artículo de un diario argentino que informaba sobre presuntas cuentas off shore de un excandidato presidencial de la oposición, informó Últimas Noticias.

No obstante estos cambios, una de las reformas más significativas que podría ser aprobada por la Asamblea tiene que ver con la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) que creó la LOC cuando fue aprobada en 2013. La Supercom, que vigila el contenido de los medios y hace cumplir la ley, tiene la facultad de iniciar investigaciones contra medios o periodistas, así como imponer sanciones cuando lo considera necesario. Las sanciones pueden ir desde multas hasta publicar rectificaciones o disculpas públicas.

Según datos de la entidad tras cuatro años de entrar en vigencia – del 25 de junio de 2013 a junio de 2017 – la entidad abrió 1.081 casos en contra de medios y periodistas. De acuerdo con un estudio de 2017 de Fundamedios,  675 terminaron en sanciones que iban desde realizar rectificaciones, réplicas, entregas de copias de programas, sanciones públicas, medidas administrativas, entre otros.

En dicho estudio, Fundamedios calculó que la entidad había recibido por concepto de multas a medios US $531.288. Sin embargo, Fundamedios aclaró que no podía obtener información oficial sobre el monto recibido.

Otras sanciones que no eran monetarias también generaron polémica. Una de ellas fue cuando la Supercom obligó al caricaturista del diario El Universal Xavier Bonilla ‘Bonil’ a rectificar uno de sus trabajos. Tanto como ‘Bonil’ como el diario El Universal estuvieron en varias ocasiones en procesos ante la Supercom, algunas de las cuales terminaron en sanciones.

“Al final la Supercom fue el organismo ejecutor, o uno de los organismos ejecutores de esa política de acoso sistemático contra la prensa”, dijo Ricaurte.

En la actualidad, según dijo Ricaurte, luego de que se nombró un Superintendente interino, tras la destitución de Carlos Ochoa, la entidad se encuentra en un “periodo de transición”. “En este momento el Superintendente actual está revisando los procesos, está revisando las cuentas de esta organización, con miras a su inminente desaparición”, aseguró Ricaurte.

De hecho, el actual superintendente, Édison Toro, señaló ante la Comisión de la Asamblea que analizaba el primer informe de reformas, que consideraba “necesaria” la eliminación de dicha entidad.

Asimismo, en una reciente charla sobre la nueva metodología que tendrá la Supercom para analizar los contenidos, Toro aseguró que “hemos demostrado que la sanción no ayudó absolutamente en nada, salvo a limitar la libertad de expresión. Eso no ayudó como sociedad”.

Aunque las reformas incluidas en el documento aprobado por la Comisión son importantes en concepto del Grupo de Reformas, existen otros temas que requieren discusión.

Para Ricaurte es preocupante el tema del “diseño institucional” que mantiene el Consejo Nacional de la Comunicación (Cordicom) cuya conformación es “exclusivamente política”. Es decir, que en su concepto no tiene independencia ni del Ejecutivo ni del Congreso, y que no prioriza temas como la capacidad técnica.

También preocupa para Ricaurte que se mantiene información reservada así como la prohibición de publicar información de procesos judiciales en marcha lo cual podría “perjudicar investigaciones periodísticas”.

Reformas, pero también reparación

Para organizaciones como Fundamedios, la LOC fue un instrumento que utilizó el entonces presidente Rafael Correa en su guerra contra los medios. Desde que el exmandatario tomó posesión en 2007, declaró como enemigo número uno a la prensa.

El expresidente Correa utilizaba sus intervenciones de los sábados, conocidas como sabatinas, para atacar a los medios a quienes llamó en varias ocasiones “prensa corrupta” o “sicarios de tinta”, entre otras declaraciones estigmatizantes.

Por eso para Ricaurte, en los años de Correa como presidente se vivió un “acoso sistemático en contra de la prensa”.

“Una de las tareas que nos hemos impuesto desde Fundamedios y diversos sectores es justamente lo que hemos llamado Memoria y Reparación, que significa básicamente que el Estado reconozca que hubo una política sistemática de acoso contra la prensa, de violación del derecho a la libertad de expresión y que preceda a la reparación de las víctimas”, dijo Ricaurte.

De acuerdo con Ricaurte, esta reparación es “más que nada simbólica”. “Nos parece muy importante no solamente para el Ecuador sino para la región que exista un reconocimiento pleno de parte del Estado ecuatoriano que se cometieron esas violaciones y que estas violaciones a un derecho humano, como es la libertad de expresión, fueron sistemáticas y ordenadas desde las más altas autoridades del Estado”, dijo Ricaurte.

“Lo que esperamos es que en la Ley de Comunicación exista una disposición por la cual se proceda a la investigación de lo que sucedió en el Ecuador durante esos años contra la prensa y contra los periodistas”, finalizó Ricaurte.




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