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Asamblea Nacional de Ecuador elimina controversial organismo sancionador con reformas a la Ley de Comunicación



Tras un segundo y definitivo debate, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó en la noche del 18 de diciembre la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), señalada por expertos como la más represiva del continente.

Uno de los elementos más significativos de la reforma es la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) que creó la LOC cuando fue aprobada en 2013 por iniciativa del entonces presidente Rafael Correa. Este organismo se encargaba de vigilar el contenido de los medios y hace cumplir la ley, con la facultad para iniciar investigaciones contra medios o periodistas, así como imponer sanciones cuando lo consideraba necesario. Las sanciones iban desde multas hasta publicar rectificaciones o disculpas públicas.

La existencia de esta entidad, que podía ser juez y parte en casos contra medios, era uno de los puntos más criticados de la LOC. Su primera decisión de obligar a un caricaturista publicar una rectificación de su trabajo solo levantó más dudas y críticas a su trabajo. En los cuatro primero años de funcionamiento – según un informe de la misma entidad – se abrieron 1.081 casos en contra de medios y periodistas. De acuerdo con un estudio de 2017 de Fundamedios, 675 terminaron en sanciones que iban desde realizar rectificaciones, réplicas, entregas de copias de programas, sanciones públicas, medidas administrativas, entre otros.

Con la reforma también fue eliminada la figura del “linchamiento mediático” que tenía la facultad de convertir en delito una investigación periodística. Se eliminaron también códigos y normas deontológicas de la comunicación, informó la Asamblea en un comunicado.

“De alguna forma [la sensación es de] celebrar el desmontaje del sistema punitivo, el sistema de sanciones en contra de los medios de comunicación que fue el epicentro para un sistema represivo en el Ecuador”, dijo al Centro Knight César Ricaurte, director de la ONG ecuatoriana Fundamedios, una de las organizaciones que formó el Grupo Democrático por las Reformas de la Ley Orgánica de Comunicación. Un grupo que  lideró por un poco mas de ocho meses las discusiones en torno a la reforma que debería tener la ley.

“El desmontaje de ese sistema punitivo sí es algo digno de realmente resaltar y nuestra sensación sí es de alivio, de que el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos meses de estar discutiendo las reformas a la ley, ha valido la pena”, agregó Ricaurte.

La reforma le da a la Supercom un plazo de 180 días para revisar sus procesos, y revertir las sanciones en donde se deban dar, aseguró Ricaurte.

“Hay un elemento muy interesante para también dejar sentado que lo que sucedió con la Ley de Comunicación en el Ecuador fue parte de una política estatal de abuso sistemático en materia de derechos humanos”, dijo Ricaurte.

Sin embargo, resaltó que se encuentran “razonablemente contentos” mas no “satisfechos”. Ricaurte aseguró que aunque si se pudiera hacer un balance del resultado final la reforma sería un 70% positiva, aún queda camino por recorrer para mejorar las garantías de la libertad de expresión en el país.

Destacó por ejemplo como preocupante que el órgano regulador que queda en la ley, el Cordicom (Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación) “no corresponde a los estándares internacionales para un organismo de esta naturaleza”, según Ricaurte. Aunque el Cordicom no asume las responsabilidades de la Supercom, sí tiene funciones regulatorias y normativas al expedir, por ejemplo, reglamentos.

“Los estándares internacionales hablan que un organismo de esta naturaleza debería ser absolutamente apolítico, sin influencia del Gobierno, y de alto nivel técnico”, explicó Ricaurte. Con la composición actual, según dijo, el Gobierno tiene una gran influencia en este.

Otro de los temas que no fueron derogados tiene que ver con el artículo sobre circulación de información restringida. Este artículo restringe la publicación de casos judiciales por parte de los medios, lo que en su concepto “limita de alguna manera el ejercicio del periodismo de investigación”.

La profesionalización del trabajo periodístico también preocupa a la comunidad. “Es lamentable que no se entienda que en realidad no hablamos de una ley de periodistas sino de una ley que regula un derecho humano fundamental que es la libertad de expresión”, aseguró Ricaurte para quien este artículo solo pone obstáculos para el ejercicio de este derecho.

Sin duda, uno de los temas más polémicos tienen que ver con la concesión de frecuencias. A través de una cláusula transitoria, “aprobada a última hora”, según Ricaurte, se hace una renovación automática a aquellos medios que han finalizado el contrato con el Estado, incluyendo medios públicos, privados y comunitarios. Sin embargo, según Ricaurte “básicamente favorece a medios privados”.

“Es una reforma con la cual no estamos de acuerdo, así lo expresamos en un comunicado público. Creemos que deben darse los concursos de frecuencias, y tienen que ser concursos llevados con transparencia y con absoluta equidad y con absoluta idoneidad. Esa forma directa creemos que no es lo más adecuado”, explicó Ricaurte.

Una agenda de reformas

Ricaurte resalta que aunque este se trata de un avance muy significativo, la implementación como tal de la reformada ley requiere de trabajo y de unión de fuerzas por parte de medios, periodistas, sociedad civil e incluso el mismo Estado.

Con la eliminación de la Supercom, y todo el “sistema de sanciones administrativas” de la LOC, es necesario desarrollar un “sistema de autorregulación sólido”, según Ricaurte, para que los medios puedan cumplir con las necesidades de sus audiencias, y responder de manera clara y pronta a futuros reclamos.

También considera que relevante más que nunca la capacitación en estándares internacionales de libertad de expresión de los operadores de justicia del país. Teniendo en cuenta que algunos casos deberán ser resueltos por los jueces, estos deben dominar estos estándares para que “puedan ponderar de la debida forma los derechos que puedan entrar en colisión”.

Pero aquí no termina el camino. Para organizaciones como Fundamedios el trabajo por mejorar las garantías de libertad de expresión requieren no solo lograr una buena implementación de las reformas, sino trabajar en la reforma y creación de otras leyes.

“Yo diría que el 2019 es un año en el cual tenemos que trabajar en la implementación de la ley y en otras reformas legales”, dijo Ricaurte. “No es solamente la ley de comunicación, la Ley de Comunicación era la herramienta fundamental de este régimen de sanción, de este régimen de represión contra la libertad de expresión – montada durante el ‘correísmo’ – pero no es la única herramienta”.

Así por ejemplo, según Ricaurte es necesario empezar a debatir seriamente sobre crear una ley sobre medios públicos y sobre publicidad oficial, y de reformas profundas para las leyes de protección de datos personales y de acceso a la información pública.

El proyecto que reforma la LOC recibió 75 votos a favor de la reforma, 25 en contra y 7 abstenciones, informó El Comercio. El documento ahora pasó a manos del presidente del país, Lenín Moreno, quien podrá hacer observaciones o vetos, para finalmente ser publicado en el Registro Oficial, agregó el diario.

La reforma fue impulsada por el presidente Moreno y enviado al legislativo el pasado mayo. Tras conocer la aprobación por parte de la Asamblea, Moreno agradeció a través de su cuenta de Twitter por una ley que “recupere la libertad e expresión y pensamiento”. “Felicito a toda la ciudadanía por este logro. No olvidemos que con las libertades, vienen grandes responsabilidades”, escribió el mandatario.




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