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Blog PERIODISMO EN LAS AMERICAS

Periodistas nicaragüenses denuncian ante la CIDH el incumplimiento de medidas cautelares para su protección por parte del Estado



Periodistas de Nicaragua denunciaron en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las medidas cautelares otorgadas por esa entidad no han sido acatadas por el Estado nicaragüense, situación que los mantiene en riesgo. Representantes del Estado nicaragüense no se presentaron a la audiencia.

Sergio León Corea, director general de radio La Costeñísima; Aníbal Toruño, propietario y director de Radio Darío; Carlos Fernando Chamorro, director de los medios Confidencial y Esta Semana; junto a Ana Bolaño, del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, hicieron su presentación en la audiencia titulada “Cumplimiento de medidas cautelares de protección en favor de periodistas independientes en Nicaragua” el pasado 25 de septiembre.

Bolaño comenzó lamentando la ausencia del Estado que en su concepto “demuestra la ausencia de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales”. Aseguró que más de un año después de haber iniciado las protestas populares en contra del gobierno de Daniel Ortega, “la violencia y ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes […] no ha cesado”.

Carlos Chamorro, Aníbal Toruño, Sergio León y Ana Bolaño durante la audiencia pública de la CIDH. (Foto: CIDH).

“El gobierno nicaragüense continúa restringiendo de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, el derecho de informar así como la libertad de asociación y de reunión, derechos esenciales para el efectivo funcionamiento de toda sociedad democrática”, dijo Bolaño. “Los periodistas y medios de comunicación independientes siguen expuestos al acoso, persecución y una serie de amenazas y represalias por la labor que realizan; lo que los coloca frente a un riesgo inminente de violación de su libertad, sus vidas e integridad personal”.

Reconociendo este peligro, como aseguró Bolaño, la CIDH ha otorgado medidas cautelares a diferentes periodistas, sus familias, así como a trabajadores de medios de comunicación con el propósito de “proteger sus vidas, su integridad física y su libertad de expresión”.

No obstante, las medidas cautelares no han sido cumplidas por el Estado de Nicaragua, dijo Bolaño, y por el contrario ha incurrido en “acciones y omisiones [...] con la finalidad de censurar el discurso crítico sobre la represión iniciada en abril de 2018”.

Así lo aseguró León a su turno quien señaló que a pesar de las medidas cautelares otorgadas el pasado 15 de junio, “policías y civiles armados que actúan como paraestatales continúan amenazándome y asediándome, buscando apagar mi voz las voces que se expresan en Radio La Costeñísima”.

Según León el asedio hacia los pocos espacios mediáticos independientes en la costa caribe del país es constante, “inclusive está prohibido sintonizar la emisora en las instituciones públicas”. Dijo que a nivel comunitario hay una estrategia para afectar la emisora toda vez que existen personas que “fiscalizan” qué escuchan sus vecinos. “[La gente] se ve obligada a escuchar en un volumen mínimo para que no los identifiquen y tomen represalias en su contra”, aseguró.

El director de la radio aseguró que “muchos generadores de opinión se han abstenido de dar declaraciones” para no sufrir las consecuencias. También denunció que la sede de la radio así como su casa siguen siendo vigiladas, y que recientemente su portal web fue atacado cuando más de 36 mil personas intentaron ingresar a esta.

Para el caso de Radio Darío la lucha por la libertad de expresión se ha extendido por 70 años. Según dijo su director y propietario, Aníbal Toruño, ha sido “destruida por Somoza y Daniel Ortega en seis ocasiones” durante este tiempo.

Sin embargo, fueron los ataques ocurridos desde abril de 2018, los que lo llevaron a salir del país por temor a su vida. Uno de los más graves fue cuando el 20 de abril de 2018 “un comando de 13 paramilitares” prendió fuego a la emisora con Toruño y otros 9 trabajadores adentro. Todas las personas lograron salir con vida.

Por ese ataque y otros antecedentes, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Toruño y otras 13 personas vinculadas a Radio Darío el 2 de julio de 2018. Sin embargo, como ha pasado en otros casos, Toruño denunció que el Estado “aún no adopta las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los beneficiarios para que puedan desarrollar sus labores periodísticas sin ser objeto de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia”.

Aseguró que tampoco se han abierto investigaciones para capturar a los responsables del incendio y de los otros ataques en contra de Radio Darío “que dieron lugar a las medidas cautelares”. Al contrario, la radio y sus trabajadores han seguido siendo “objeto de asedios, allanamientos y detenciones por parte de la policía”, dijo el periodista en la audiencia.

Toruño dijo que tras su regreso al país pudo ver con “evidencia” cómo es el gobierno y actores paraestatales están detrás de los ataques en contra de la radio, y que el “Estado tiene orquestada una etapa de ataques selectivos contra voces y directores de medios independientes entre ellos Radio Darío, su equipo y mi persona”.

“Me encontré con un régimen que sigue persiguiendo a medios y periodistas independientes”, aseguró Toruño.

Al contrario de Toruño, Carlos Fernando Chamorro, director de los medios Confidencial y Esta Semana, aún se encuentra en exilio desde el pasado enero. Chamorro decidió salir con su esposa luego de que el 13 de diciembre de 2018, la policía nacional allanara y “saqueara” la redacción de los medios que dirige “sin ninguna orden judicial”. Al día siguiente, la policía volvió a ocupar el lugar, y hasta hoy lo mantiene.

El 21 de diciembre, la CIDH le otorgó a Chamorro, su esposa y otros 13 miembros de Confidencial medidas cautelares, pero al igual que con los otros casos, el gobierno no ha cumplido con estas y “por el contrario se han mantenido y agravado las agresiones”, según denunció Chamorro.

Ese mismo día, el gobierno allanó el medio 100% Noticias y capturó a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Una situación que despertó en Chamorro las alertas de lo que podría sucederle. “El 2 de enero de 2019 me vi obligado a exiliarme en Costa Rica junto con mi esposa para proteger mi libertad y mi integridad física, y para poder seguir ejerciendo el periodismo en libertad”, aseguró Chamorro.

Otros ochos miembros de Confidencial también buscaron asilo en diferentes países como Costa Rica, El Salvador, México y Estados Unidos. Otras personas se quedaron en Nicaragua, “en un estado de indefensión bajo asedio y amenazas que operadores del régimen mantienen de forma directa en sus viviendas y en redes sociales”, dijo Chamorro quien agregó que solicitarán medidas cautelares adicionales para otros periodistas.

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, interviene durante la audiencia de la CIDH. Junto a él, Antonia Urrejola, Joel Hernández, Margarette May Macaulay y Fernanda Dos Santos. (Foto: CIDH).

A través de Chamorro los beneficiarios de las medidas cautelares hicieron una serie de peticiones a la CIDH. Una de ellas es que en vista del incumplimiento del Estado, la CIDH solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas provisionales para todas las personas bajo medidas cautelares.

También solicitaron a la Comisión que haga de nuevo una demanda a Nicaragua para que cese su represión contra medios y periodistas, y que devuelva los bienes robados. Y que continúe la investigación de la situación en el país.

El Comisionado Joel Hernández García señaló al inicio de la audiencia que la CIDH acababa de recibir una nota por parte del Estado con argumentos sobre el tema tratado durante la audiencia. El Comisionado señaló que esta sería agregada al expediente, pero lamentó que representates del Estado no hubieran estado allí para responder personalmente.

“Es una oportunidad perdida para los representantes del Estado y ciertamente es un incumplimiento de sus obligaciones frente a la Comisión”, aseguró Hernández.

La comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua, aseguró que la solicitud de pedir medidas provisionales ante la Corte IDH sería estudiada en el pleno de la Comisión, pero no dio una fecha.




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