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Blog PERIODISMO EN LAS AMERICAS

Opinión: Además de federalizar delitos contra la prensa en México, falta voluntad para investigar ataques




Por Ricardo Raphael, analista político y columnista del diario mexicano El Universal

No son los criminales quienes silencian la libertad de expresión en México. De acuerdo con la organización inglesa Artículo 19, la gran mayoría de agresiones contra periodistas tienen como autor a un funcionario público. Policías, soldados, burócratas de la seguridad, políticos de baja, media y alta monta son los responsables visibles de que México se haya convertido en un país donde ejercer el periodismo sea peligroso. En los últimos 12 meses se han registrado más de 170 agresiones: asesinatos, secuestros, desapariciones o amenazas. Se suman a otra cifra similar que año con año juega, no contra un gremio, sino de su materia de trabajo: la libertad de expresión. Cuando la pluma o voz del periodista son aniquiladas, no sólo la persona sufre las consecuencias del acto arbitrario, la sociedad entera deja de saber, deja de informarse y pierde conciencia sobre lo que ocurre en su entorno.

Hace tiempo en el Norte del país los focos de la violencia se encendieron. Hoy los datos recabados por Artículo 19 anuncian un desbordamiento geográfico del terror. Ahí donde la criminalidad y las autoridades chocan, y también se asocian entre sí, los ataques contra la prensa crecen. Ayer el crimen se paseaba por Sinaloa, Baja California o Chihuahua, ahora migró, sin abandonar sus primeros territorios, a Tamaulipas y Veracruz. No sorprende que este último sea el que muestra mayor incidencia de violencia contra los informadores.

Si se revisan los casos se hace evidente que tales agresiones tienen como autor intelectual al podrido interés local. Las muertes y desapariciones, los secuestros y las amenazas suelen ser ordenadas por alguien que vive en la misma comunidad del periodista victimado.

De ahí que sea imposible que en ese mismo ámbito se resuelva el lacerante fenómeno. Para enfrentar los diques contra la libertad de expresión se necesita la acción nacional. De otra manera las autoridades locales, esas que persiguen a los periodistas, se colocan a cargo de resolver los mismos casos donde están involucradas.

Es una vieja solicitud del gremio lo que suele llamarse “la federalización” de los delitos contra la prensa: que sea la autoridad federal la que se haga cargo de proteger a los informadores. Este argumento, insisto, tiene que ver con proteger las libertades generales y no solo la vida o la integridad de quienes ejercemos este oficio.

Finalmente, después de suficientes muertos, el Senado se hizo cargo de atender lo que ni en la Presidencia de la República, ni en la PGR habían tenido interés en mirar de cerca. La semana pasada se presentó una iniciativa en la Cámara Alta para reformar el artículo 73 de la Constitución con el objeto de atender la petición.

La propuesta la hicieron los tres partidos más grandes, el PRI en voz de Manlio Fabio Beltrones; el PAN con el apoyo de José González Morfín, y el PRD, autor original de la iniciativa, con la firma de Pablo Gómez.

Paradójicamente este esfuerzo no ha merecido el respaldo del gremio. Por mezquindades o por incredulidad, el anuncio no fue aplaudido por los medios como lo merecería. Es difícil en este espacio hacer antropología a propósito de las mezquindades que tanto abundan entre dueños y directivos, sobre todo de aquellos medios cuya naturaleza se pretende nacional.

Sin embargo, sí hay algo que decir a propósito de la incredulidad. Ésta se debe, en lo fundamental, a que la Fiscalía Especial radicada en la PGR para atender este expediente ha sido pálida por no decir omisa en su actuación en los últimos cinco años que lleva de creada.

Del total de casos que le han sido presentados no ha resuelto 99%. El compromiso del Ejecutivo con el tema y, desde luego, de la Cámara de Diputados, se muestra en el presupuesto. Hace un lustro este órgano nació con un financiamiento de dos millones de pesos. Para el ejercicio 2012 sólo obtuvo 600 mil. ¿Por qué la reducción si los problemas no han hecho más que crecer?

Federalizar los delitos contra la prensa es una condición necesaria pero, en efecto, no es suficiente si esta fiscalía se mantiene atrapada por la lógica de una guerra que tanto tiene de política, si no tiene dinero ni herramientas para actuar con la eficacia que se requeriría.

A lo anterior no sobraría sumarle un fiscal que, además de hacer relaciones públicas con la prensa, a nombre del Ejecutivo federal, tenga voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias.

Este artículo fue originalmente publicado en el diario El Universal el lunes 19 de marzo.




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