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Falta que periodistas aprovechen acceso a información pública en América Latina, dice experto mexicano



En 1995, se consideró un gran insulto que el académico y analista de medios, Sergio Aguayo preguntara cuál era el sueldo del presidente en México.

"En esa época, nadie hablaba del derecho a la información e incluso se consideró una pregunta ofensiva", recordó el investigador del tema de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ernesto Villanueva durante una reciente visita a la Universidad de Texas en Austin.

A nueve años de que se aprobara la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, Villanueva asegura que el principal reto es que la población entienda para qué sirve esa ley.

“No hemos logrado que la gente haga suyo el derecho a la información”, expresó el investigador del Instituto de Investigaciones JurÍdicas de la UNAM durante la plática patrocinada por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas y el Instituto de Estudios Latinoamericanos Teresa Lozano Long de UT.

De acuerdo con sus investigaciones, la mayoría de los solicitantes de información pública en México así como en muchos países de América Latina, son académicos, abogados, organizaciones civiles y periodistas.

Sin embargo, sus investigaciones apuntan que casi 90 por ciento de los periodistas mexicanos no saben hacer consultas en línea para solicitar información pública. “Sólo pocos medios usan esta ley para hacer periodismo de investigación”, opinó Villanueva.
"Los periodistas en México, Ecuador y Perú están acostumbrados a información filtrada por una fuente", apunta el experto.

La ley aprobada en 2002 en México obliga a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los organismos autónomos a entregar información pública. Sin embargo, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), organismo creado para vigilar el cumplimiento de la ley, únicamente puede tomar decisiones sobre información del ámbito federal.

“Hay varios Méxicos”, declara Villanueva. “Y en unos hay mayor nivel de tolerancia que en otros”, agrega. En su opinión, hay mayor vigilancia y activismo a nivel federal mientras que las solicitudes de información pública a nivel municipal o estatal son vistas como una agresión del solicitante o una carga de trabajo más. A nivel nacional, hay 200.000 solicitudes anuales que corresponden al ámbito federal mientras que sólo 24.000 solicitudes anuales corresponden a los estados.

El otro reto es que la información pública se utilice en el combate a la corrupción. “Hemos pasado de la transparencia al cinismo”, asegura. Entre los ejemplos, cita que una solicitud de acceso a la información pública reveló que 40% de los jueces en México carecen de cédula profesional e incluso, de estudios universitarios en derecho (dos requisitos indispensables para ejercer en los juzgados en este país). Sin embargo, tras publicar esta información, ningún juez ha sido destituido ni castigado por este delito.

La información es una herramienta para combatir la corrupción, pero falta el trabajo de las instituciones que sancionen esas conductas, opinó. “Actualmente se documenta la corrupción pero eso no trae consecuencias y eso ha generado un desencanto de la población”, dijo.

Villanueva, quien ha abogado por leyes similares en América Latina, considera que México y Chile cuentan con las mejores leyes de acceso a la información en América Latina. El sistema mexicano de acceso a la información pública ofrece un sistema amigable por internet, garantiza respuesta en un máximo de 20 días y es un derecho que tanto mexicanos como extranjeros pueden utilizar. “Puedes firmar como Batman y tienes derecho a una respuesta”, dijo.

Otros países como República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Ecuador carecen de órganos garantes como el IFAI y por ello, los ciudadanos deben acudir a la vía judicial para obtener información pública. “Se vuelve un víacrucis que toma tiempo, dinero y esfuerzo y por lo tanto, pocos lo van a hacer”, explicó.

En América Latina ya existen 19 países que cuentan con una ley de este tipo desde que Brasil aprobó una ley de este tipo a finales de octubre




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