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Periodista Fernando Rodrigues habla sobre la larga odisea por una ley de acceso a la información en Brasil (Entrevista)




El destacado periodista brasileño Fernando Rodrigues, quien ha trabajado como reportero, editor, corresponsal y columnista, y becario Nieman en 2007, ha jugado un papel fundamental en los esfuerzos para que Brasil promulgue finalmente una ley de acceso a la información. Rodrigues es el presidente de la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji) --uno de los mayores grupos de periodismo de investigación del mundo-- y desempeñó también un papel clave en el lanzamiento en 2004 del Foro por el Derecho de Acceso a la Información Pública. En parte gracias a los incansables esfuerzos durante años de Rodrigues, Brasil finalmente está a punto de promulgar una ley de acceso a la información pública. Las comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Derechos Humanos del Senado brasileño se reunirán el martes 19 de abril para recomendar la aprobación de un proyecto de ley en ese sentido, que se espera que la presidenta Dilma Rousseff promulgue el 3 de mayo.

El Centro Knight habló con Rodrigues sobre su papel en la campaña a favor de la ley, el significado de esta normativa para Brasil y la propuesta de una Alianza de Gobierno Abierto que se espera que encabecen Estados Unidos y Brasil.

Fernando Rodrigues

Centro Knight: En primer lugar, ¿podría explicar por qué cree que costó tanto lograr el apoyo para una ley de acceso a la información?

Fernando Rodrigues: En realidad, en todos los países el proceso de aprobación de una ley [de este tipo] es siempre largo. En Estados Unidos, demoró más de una década desde el inicio del debate hasta la promulgación de la ley. Todo depende de la presión y las demandas de la sociedad.
Brasil sufrió 21 años de dictadura militar (1964-1985). Después vinieron demandas para lograr que la elección del presidente fuera directa y ejercer mayor control de la economía (el país vivió más de diez años con una inflación muy alta y poco crecimiento).
Cuando la democracia finalmente se instaló, a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, la sociedad brasileña se sofisticó un poco más; otras demandas comenzaron a ser presentadas. En 2002, la creación de Abraji fue un hito en la lucha por el derecho de acceso a la información pública. Abraji organizó seminarios, sensibilizó a los periodistas (que no estaban muy al tanto de este asunto) y ejerció presión explícita sobre el Congreso y el Palacio de Planalto [la sede del gobierno brasileño] para que el país tuviese una ley. Como se trataba de un asunto muy nuevo, poco atractivo para la sociedad, tuvo esa demora.

CK: ¿Cuál ha sido su rol presionando por una ley de este tipo?

FR: Como soy uno de los integrantes de la directiva de Abraji en Brasilia, siempre tuve la responsabilidad de supervisar el tema y proponer nuevas acciones al respecto. También tuve que velar por la organización y coordinación con otras organizaciones del Foro de Derecho de Acceso a las Informaciones Públicas: www.informacaopublica.org.br. Se trata de una coalición que actualmente agrupa a 25 asociaciones de la sociedad civil a favor de una ley de acceso. Todas las entidades del foro tuvieron un papel esencial en el trabajo de convencimiento de las autoridades sobre la necesidad de una ley para Brasil.
Es importante destacar que el foro fue creado en 2003 en un seminario internacional sobre el tema promovido por Abraji en Brasilia. Los directores de Abraji Marcelo Beraba y Fernando Molica tuvieron un papel de gran relevancia en la creación del foro. Y el profesor Rosental Calmon Alves [fundador del Centro Knight para Periodismo en las Américas] fue uno de los ideólogos del encuentro y tiene mucho crédito en el hecho de que Brasil esté próximo a tener una ley.
Específicamente en mi caso, ayudé a coordinar los trabajos del foro en los últimos 8 años por designación de Abraji y por estar físicamente en Brasilia [la capital de Brasil].
Felizmente, está valiendo la pena todo el esfuerzo de haber conversado con tantos diputados, senadores y ministros. Fue un trabajo lento de evangelización sobre la necesidad de la ley. Pero parece que está dando fruto.

KC: ¿Por qué cree usted que finalmente se avanzó en la promulgación de una ley?

FR: La democracia, así como todo en la vida, tiene ciclos. Un ciclo acabó en Brasil con los ocho años de gobierno de Lula. Ahora, me imagino, los nuevos agentes políticos entienden la necesidad de hacer algunos avances institucionales que no fueron posibles en años anteriores. Me parece que ése es el caso del Palacio de Planalto en relación con la aprobación de una ley de acceso.

KC: ¿Por qué es tan importante para Brasil contar con esta ley?

FR: Brasil es una de las mayores economías del planeta y una nación importante para el equilibrio democrático en Sudamérica. Al tener una ley de acceso, el país emite una señal importante a favor de más libertad de información, lo que es vital para los países sudamericanos.

KC: ¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa de Estados Unidos y Brasil sobre transparencia? ¿Qué tipo de impacto podría tener?

FR: Es muy relevante que los países coordinen esfuerzos como éste, porque el mundo globalizado exige iniciativas globalizadas. Es una manera más de incentivar la transparencia de los datos públicos.

KC: ¿Algo más que quiera agregar?

FR: Me gustaría decir que por estos días en Brasil hay mucho optimismo respecto a la eventual aprobación de la ley. Sin embargo, se trata de un proyecto que todavía está en el Senado y es necesario tener cautela y esperar a que el texto sea de hecho aprobado. Después, que sea promulgado por la presidenta Dilma Rousseff.
Si todo eso ocurre, Brasil tendrá una ley que puede no ser perfecta, pero que tiene grandes innovaciones, incluso en comparación con Estados Unidos y otros países.
Las parte no muy positivas del proyecto de ley brasileño son: 1) el plazo máximo para el secreto (documentos clasificados) que puede llegar, en algunos casos, hasta a 50 años. (Es un plazo muy largo); 2) la ley no contempla la creación de una agencia reguladora independiente que supervise el cumplimiento de la ley.
Entre los aspectos positivos, están los siguientes:
1) Aunque algunos documentos pueden permanecer en secreto hasto por 50 años, hay muchas dificultades para que eso ocurra. Es necesario que los ministros de Estado personalmente hagan esa clasificación y expliquen detalladamente los motivos;
2) A pesar de que no se crea una agencia reguladora, la ley detalla los procedimientos disponibles para quien desee tener acceso a informaciones públicas. Hay varios castigos para los funcionarios públicos que no cumplan la ley;
3) A diferencia de varios países, la ley brasileña se aplica a todos los gobiernos municipales (5.600 ciudades), estatales (27 gobernaciones) y la presidencia de la República. También se aplica a los poderes judicial y legislativo, en todo sus niveles. Finalmente, también están sometidas a la ley de acceso las empresas de capital estatal o mixto y las ONG que reciban fondos públicos. Hasta donde yo sé, ningún otro país ha producido una ley tan amplia;
4) otro aspecto de gran relevancia es que obliga a todos los organismos públicos a divulgar, cada año, una lista completa de todos los documentos que fueron clasificados, además de algún tipo de indicación sobre el plazo en que esos documentos se darán a conocer públicamente. Estos listados son una poderosa herramienta en manos de la sociedad para exigir responsabilidad a los gobiernos.
Además de las listas de documentos clasificados, los organismos públicos también están obligados a realizar un informe estadístico con el número de solicitudes de información atendidos, rechazados, y con explicaciones detalladas al respecto.


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