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¿Por qué la prensa brasileña no cubre el proyecto de ley de acceso a la información? (Análisis)




Por Greg Michener*

Pese a la creciente necesidad de transparencia y acceso a la información en el sector público, Brasil sigue siendo uno de los pocos países latinoamericanos que aún no ha aprobado una ley de acceso a la información. La cobertura relativamente débil de los medios sobre una ley de este tipo es uno de los factores que pueden explicar por qué varios proyectos de ley han flotando en el Congreso desde 2003 sin llegar a concretarse y, en consecuencia, por qué los ciudadanos aún no tienen garantías sobre su derecho a acceder a la información pública.

Un proyecto de ley de acceso a la información fue presentado al Congreso en mayo de 2009, pero su aprobación en el Senado todavía está pendiente.

Aunque los medios ha destinado un espacio considerable a otras medidas relacionadas con la responsabilidad gubernamental, tal como la ley de expedientes judiciales (“Ficha Limpa”, en portugués), la prensa ha prestado poca atención a lo que se cree que es la medida más importante para promover la transparencia gubernamental. Las organizaciones profesionales de medios en Brasil oficialmente apoyan una ley de acceso a la información, pero estos compromisos apenas se ven reflejados en una escasa cobertura del tema. No es que la prensa tenga que lanzar una campaña o abogar explícitamente por una ley, pero al menos debería proporcionar un espacio para discutir abiertamente una ley de interés público. Las leyes de acceso a la información son relevantes en asuntos relacionados con corrupción y derechos humanos, cívicos y mediales, además de la fiscalización de la asignación y gastos de fondos públicos.

La importancia de los medios para impulsar la adopción de leyes de acceso a la información fuertes se apoya en evidencia de mi tesis doctoral de 2010 sobre la difusión de estos mecanismos institucionales en toda América Latina. Mi estudio, que analizó once leyes y un decreto sobre la materia en el continente, sugiere que el grado de cobertura de los medios influye en el calendario electoral y la fuerza legal de leyes de acceso a la información.

En Brasil, llevé a cabo un análisis de contenido que examinó once meses de cobertura en los medios, desde el ingreso al Congreso den mayo de 2009 del proyecto de ley de acceso presentado por el Poder Ejecutivo, hasta su aprobación por la Cámara de Diputados en abril de 2010. Durante ese tiempo, el diario Folha de São Paulo publicó en promedio 4,2 noticias por mes que mencionaban el acceso a la información como un derecho ciudadano o un asunto jurídico. Sin embargo, sólo 1,5 noticias al mes abordaban directamente el tema de una posible ley de acceso a la información. La mayoría de estas noticias fueron escritas por el mismo periodista, Fernando Rodrigues.

Pese a la creciente necesidad de transparencia y acceso a la información en el sector público, Brasil sigue siendo uno de los pocos países latinoamericanos que aún no ha aprobado una ley de acceso a la información. La cobertura relativamente débil de los medios sobre una ley de este tipo es uno de los factores que pueden explicar por qué varios proyectos de ley han flotando en el Congreso desde 2003 sin llegar a concretarse y, en consecuencia, por qué los ciudadanos aún no tienen garantías sobre su derecho a acceder a la información pública.

Un proyecto de ley de acceso a la información fue presentado al Congreso en mayo de 2009, pero su aprobación en el Senado todavía está pendiente.

Aunque los medios ha destinado un espacio considerable a otras medidas relacionadas con la responsabilidad gubernamental, tal como la ley de expedientes judiciales (“Ficha Limpa”, en portugués), la prensa ha prestado poca atención a lo que se cree que es la medida más importante para promover la transparencia gubernamental. Las organizaciones profesionales de medios en Brasil oficialmente apoyan una ley de acceso a la información, pero estos compromisos apenas se ven reflejados en una escasa cobertura del tema. No es que la prensa tenga que lanzar una campaña o abogar explícitamente por una ley, pero al menos debería proporcionar un espacio para discutir abiertamente una ley de interés público. Las leyes de acceso a la información son relevantes en asuntos relacionados con corrupción y derechos humanos, cívicos y mediales, además de la fiscalización de la asignación y gastos de fondos públicos.

La importancia de los medios para impulsar la adopción de leyes de acceso a la información fuertes se apoya en evidencia de mi tesis doctoral de 2010 sobre la difusión de estos mecanismos institucionales en toda América Latina. Mi estudio, que analizó once leyes y un decreto sobre la materia en el continente, sugiere que el grado de cobertura de los medios influye en el calendario electoral y la fuerza legal de leyes de acceso a la información.

En Brasil, llevé a cabo un análisis de contenido que examinó once meses de cobertura en los medios, desde el ingreso al Congreso den mayo de 2009 del proyecto de ley de acceso presentado por el Poder Ejecutivo, hasta su aprobación por la Cámara de Diputados en abril de 2010. Durante ese tiempo, el diario Folha de São Paulo publicó en promedio 4,2 noticias por mes que mencionaban el acceso a la información como un derecho ciudadano o un asunto jurídico. Sin embargo, sólo 1,5 noticias al mes abordaban directamente el tema de una posible ley de acceso a la información. La mayoría de estas noticias fueron escritas por el mismo periodista, Fernando Rodrigues.

Una revisión general de otros diarios brasileños importantes cuenta una historia muy similar.

Por el contrario, durante la campaña por una ley de este tipo en México en 2001 y 2002, los diarios El Universal y Reforma publicaron en promedio 12 artículos al mes que trataban directamente el tema de la ley de acceso a la información. Promulgada en mayo de 2002, la norma mexicana se ha convertido en un estándar internacional en legislación sobre transparencia. Los medios jugaron un papel no menor en este logro.

El relativo silencio entre los medios brasileños es sorprendente, especialmente si se toma en cuenta el reciente escándalo de nepotismo y soborno en la llamada “Casa Civil”, la Secretaría de Gobierno. En otros países, como Chile, Guatemala, México y Perú, fueron escándalos de corrupción los que desencadenaron fuertes campañas en los medios para una transparencia a través de leyes de acceso a la información.

Una cobertura débil también es preocupante dado las frecuentes promesas de una mayor transparencia y una ley de libertad de información. En 2003, el lema del partido del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores (PT), fue uno de participación, con prioridad a los pobres, y la transparencia. Sin embargo, los mecanismos para promover la transparencia aún no se hacen realidad.

Una propuesta presentada en el Congreso durante el primer año de Lula en el poder por un diputado del PT fue ignorada. Posteriormente, una promesa de campaña de aprobar una ley de acceso a la información sólo vino a materializarse en 2009, a raíz de un Seminario Internacional de Acceso a la Información Pública organizado por la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (ABRAJI), la ONG Artículo 19 y el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. El gobierno finalmente presentó un proyecto de ley al Congreso en mayo de 2009 y, a pesar de los retrasos, que fue aprobado en abril de 2010 en la Cámara Baja. En la actualidad el proyecto espera su aprobación en el Senado.

En la actualidad, hay más de 80 países y cinco millones de personas que se benefician del derecho a la información. América Latina ha marcado el paso en la región en materia de adopción de leyes de acceso a la información, con la aprobación de 11 leyes completas, 10 de ellas promulgadas desde 2002. Colombia (1985), Chile (2008), República Dominicana (2004), Ecuador (2004), Guatemala (2008), Honduras (2006), México (2002), Nicaragua (2007), Panamá (2002), Perú (2002 ) y Uruguay (2008) cuentan con leyes sobre la materia y Argentina y Bolivia tienen sendos decretos presidenciales que garantizan el derecho a la información.

Además, tres países —Argentina, Brasil y El Salvador— están considerando actualmente una legislación comprensiva sobre transparencia y acceso.

¿Comenzará la sociedad civil y los medios en Brasil a generar presión suficiente a la Presidencia y el Senado para garantizar la aprobación rápida del proyecto de ley sancionado a medias? La esperanza es que Brasil no tenga que depender exclusivamente de la buena voluntad de sus representantes recién elegidos para garantizar un acceso adecuado a la legislación de información pública.

Greg Michener, un ciudadano canadiense que reside en Brasil, completó recientemente un Doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Texas en Austin. Su tesis se enfocó en la adopción de leyes de acceso a la información a lo largo de América Latina. Un análisis más extenso de la trayectoria de la ley en Brasil está disponible en su sitio web (vea el capítulo cuatro, que comienza en la página 43). El estudio de la ley brasileña se limitó al proyecto presentado originalmente al Congreso en 2009.




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