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Paraguay se convierte en el país número 100 en adoptar Ley de Acceso a la Información



El presidente Horacio Cartes ha firmado la primera ley de libre acceso a la información del país, convirtiendo al Paraguay en el número 100 en el mundo en aprobar una ley de estas características.

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La legislación garantizará “el libre acceso ciudadano a la información pública y la transparencia gubernamental” cuando se hace efectiva el año que viene. Entre otra información, hará público datos como el salario de los gobernantes, gastos de viajes oficiales y los contratos gubernamentales activos.

Encabezada por una coalición de senadores de varios de los principales partidos políticos de Paraguay, la Ley fue descrita como parte de un esfuerzo para erradicar el nepotismo, que históricamente ha sido prominente entre los funcionarios gubernamentales de alto nivel.

La ley también viene de la mano de una gran protesta en la capital paraguaya, Asunción , en donde miles de personas marcharon frente al edificio del Congreso con rollos de papel higiénico bajo la consigna “decididos a limpiar la corrupción”. A medida que el movimiento ganó popularidad, cientos de negocios - restaurantes, bares y salas de cine - en todo el país se negaron a servir a los senadores acusados de nepotismo.

"Esta serie de eventos fue conocido en Paraguay como el resorte de la transparencia y está contribuyendo a modificar la ecuación de poder entre los ciudadanos y los funcionarios públicos ", dijo Ezequiel Santagada, Director Ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), a The Guardian en una entrevista.

Un caso notorio al que se le acredita haber encendido las chispas de las protestas de marzo, fue el de la llamada "Niñera de Oro", una mujer que presuntamente recibía un salario publico por cuidar a los hijos del senador Víctor Bogado. Este fue uno de una serie de casos que causaron indignación pública y estimularon las protestas generalizadas en la capital el año pasado.

A la vanguardia del movimiento por la libertad de información está Daniel Vargas Téllez, un activista social cuyos esfuerzos han sido clave en la aprobación de la Ley. En 2007, Vargas estuvo involucrado en un juicio luego de que el alcalde de San Lorenzo le negara el acceso a una lista de contratistas del gobierno , sus funciones y sus respectivos salarios . En 2013, la Corte Suprema de Paraguay falló a su favor, una decisión que allanaría el camino para la legislación posterior sobre el acceso a la información. La semana pasada, a Vargas le otorgaron el galardón "Antorcha de Libertad", por su papel en la promoción del acceso abierto a la información.

Con la aprobación de la Ley de libertad de información el pasado 18 de septiembre, Paraguay se une al movimiento de apertura internacional que se iniciara en 1970. Sin embargo, a medida que distintos países del mundo se inclinan por aprobar leyes de acceso abierto a la información, queda claro que no todas las leyes creadas son iguales. Un informe internacional publicado por el Centro por el Derecho, la Democracia y el Acceso Europa, encontró que las leyes de libertad de información en 92 países obtuvieron un promedio de 86 puntos sobre un máximo posible de 150, destacando las deficiencias de algunos esfuerzos de libertad de información.

Paraguay no es la excepción. Los cambios de última hora efectuados a la ley por la Cámara de Diputados han hecho que algunos legisladores, como el senador Arnaldo Giuzzio, etiquete a la ley como "hueca". La ley original incluía una pena carcelaria para los condenados por nepotismo , mientras que en la versión modificada la pena fue sustituida por una licencia administrativa de los cargos públicos por cinco años. Los senadores del Partido Colorado se han unido a Giuzzio en criticar los castigos débiles incluidos en la nueva legislación.

A pesar de las críticas, la ley es vista como un paso positivo hacia la transparencia en un país cuyo índice de libertad de prensa fue clasificado recientemente en el número 105 entre 180 países por la organización Reporteros Sin Fronteras. Cuatro periodistas han sido asesinados en el último año y medio, la intimidación y las amenazas a los periodistas siguen siendo comunes, especialmente para los que informan sobre la corrupción y el narcotráfico.



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