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2014 fue el "peor año" para la libertad de expresión en Venezuela, dice Espacio Público



Con un total de 579 violaciones a la libertad de expresión que corresponden a 350 denuncias/casos, el 2014 se convirtió cuantitativamente en el “peor año” en materia de “garantías al derecho humano a la libertad de expresión” en Venezuela, según la organización no gubernamental Espacio Público. Esta cifra, de acuerdo con la ONG, es la más alta registrada en el país en los últimos 20 años.

Protestas en Venezuela el 10 de mayo de 2014. Foto: Carlos Díaz vía Wikimedia Commons.

Según el informe ‘Situación  general de la libertad de expresión e información en Venezuela (enero-diciembre 2014)’ presentado por Espacio Público el pasado 20 de enero, durante  dicho periodo hubo un incremento del 59 por ciento de denuncias/casos respecto a 2013, con un total de 474 víctimas. El número de violaciones al derecho a la libre expresión representó un incremento del 102 por ciento respecto a 2013.

Venezuela vivió un 2014 caracterizado por la conflictividad social producto de las manifestaciones estudiantiles que exigían soluciones a los problemas de violencia, inseguridad e impunidad. Según el informe, las fuerzas de seguridad del Estado reprimieron dichas movilizaciones, razón por la cual las violaciones a la libertad de expresión no solo fueron sufridas por periodistas o trabajadores de la prensa, sino por personas que se encontraban documentándolas o participando de ellas, como defensores de derechos humanos, activistas, miembros de ONG, entre otros.

De esta manera, febrero, mes en que iniciaron las protestas, presentó el mayor número de violaciones reportadas con un total de 86 casos.  La censura fue el mayor tipo de violación reportado con 145 casos, mientras que las agresiones, con 93 casos, ocuparon el segundo lugar.

El informe recordó que durante el 2014, se presentó uno de los casos de censura que atrajo mayor atención y rechazo por parte de la comunidad internacional como lo fue la salida del canal colombiano NTN24 de las operadoras de televisión por cable del país justo cuando reportaba sobre las manifestaciones del 12 de febrero. El presidente Nicolás Maduro señaló que la expulsión del canal había sido una “decisión de Estado”, razón por la que el canal hasta  final de año no habría vuelto a las cable operadoras del país.

No obstante, el informe también señala como un “catalizador” de los casos de censura y autocensura el cambio de propietarios de los medios de comunicación Últimas Noticias, antes propiedad de la familia Capriles, y El Universal. Según el informe, se encontraron patrones en estos medios que relacionados con estos fenómenos como la reducción de espacios para denuncias hechas por fuentes de los periodistas, la invisibilización de líderes políticos, así como el cambio de títulares y modificaciones de las notas. ​

En este contexto, se presentó la renuncia de la jefe de la unidad de investigación de la Cadena Capriles, Tamoa Calzadilla, luego de la censura de una nota en el diario Últimas Noticias. También se conoció del despido de columnistas del diario El Universal tras el cambio de dueños, por mencionar algunos hechos.

Las denuncias de censura también se produjeron en internet y redes sociales. Así por ejemplo, en febrero se conoció sobre un presunto bloqueo a la red social Twitter por parte de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), organismo que provee más del 90 por ciento del tráfico de internet en el país.

Respecto a las agresiones, ataques y amenazas hacia periodistas y reporteros gráficos el informe señala que la mayoría de éstas se produjeron durante la cobertura de manifestaciones públicas. Dichas agresiones incluyeron golpizas, disparos de perdigones, ataques con gas pimienta, detenciones, confiscación de cámaras fotográficas y celulares, eliminación de material audiovisual y fotográfico e intimidaciones.

Sin duda, la muerte de José Alejandro Márquez, un ciudadano que se encontraba documentando una de las manifestaciones del 19 de febrero, fue uno de los hechos que produjo mayor rechazo. Según lo informado, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habrían golpeado al ciudadano para conseguir el celular en que documentó la manifestación. Producto de la golpiza, Márquez fue llevado a un hospital en donde falleció días después tras ser declarado con muerte cerebral.

El informe de Espacio Público culmina con una serie de recomendaciones para el Estado porque señala que dicho contexto polarizado y hostil para el ejercicio de la comunicación se sostiene debido al “abandono por parte del Estado de las garantías del ejercicio del periodismo y de la protección del derecho humano a la libertad de expresión” el cual va de la mano de un discurso descalificativo y estigmatizante por parte de funcionarios públicos.   



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