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Venezolanos pierden acceso a Corte Interamericana para denunciar violaciones a la libertad de expresión



Luego del retiro de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 10 de septiembre, los ciudadanos venezolanos quedan imposibilitados de denunciar ante la Corte-IDH cualquier violación a la libertad de pensamiento y expresión que ocurriera a partir de la fecha, contando así con un mecanismo menos para proteger y defender sus derechos, dijo el ex secretario ejecutivo adjunto de la CIDH y abogado experto en temas de derechos humanos Ariel E. Dulitzky en entrevista con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas.

La denuncia del gobierno venezolano a la Convención Americana es considerada por Dulitzky como “políticamente problemática”, porque va en contra del objetivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), de lograr que todos sus miembros ratifiquen universalmente los tratados interamericanos de los derechos humanos. En ese sentido, dijo, “Venezuela ha roto el consenso latinoamericano”.

En un comunicado, la OEA manifestó su profunda preocupación por la situación de Venezuela. Sin embargo, informó que al continuar como país miembro de su organización, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continuará supervisando la situación venezolana de los derechos humanos, tramitando peticiones, casos y medidas cautelares.

Asimismo, informó que ante cualquier violación se le aplicaría, aunque de una forma más genérica, “la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, fuente de obligaciones legales para todos los estados miembros de la OEA, incluyendo en especial los que no forman parte de la Convención Americana”.

A su turno, Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela, declaró que el retiro de Venezuela de la Corte-IDH “es un serio retroceso en la protección de los derechos humanos, pero aspiramos a que sea algo provisional y que Venezuela retorne a formar parte de la Convención”.

En este contexto, Balbi aseguró que seguirán muy de cerca uno de los casos emblemáticos que lograron denunciar ante la Corte-IDH en febrero de este año, el del cierre y confiscación de bienes de la emisora Radio Caracas Televisión por parte del estado en el año 2007. Según la CIDH, esta decisión del estado violó los derechos a la pluralidad de información, al debido proceso administrativo, a la igualdad y no discriminación y a la libertad de expresión a nivel social e individual.

Sobre la situación de Venezuela en el 2012, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Marco Ruiz, el director de la asociación civil Espacio Público Carlos Correa y otros representantes venezolanos manifestaron en una audiencia pública dirigida por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH que la impunidad seguía siendo la regla a todas las denuncias sobre libertad de expresión y, de manera preocupante, ante las agresiones.

“La justicia sigue ausente, lo que genera un clima desfavorable para quienes delinquen en contra de los medios de comunicación y sus trabajadores. Solo en el 2011, el 71% de las violaciones a la prensa fueron perpetradas por funcionarios del estado… La descalificación pública en contra de los medios de comunicación persiste”, continuaron.

El 10 de septiembre de 2012, el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez denunció a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y anunció el retiro de Venezuela de su jurisdicción. En ese momento, Chávez acusó a la Convención de ser “un brazo del imperio”, refiriéndose a EE.UU., y de ser “indigna de llevar el nombre de ‘Derechos Humanos’, apoyando el terrorismo”, según consignó una nota de la BBC.

Nicolás Maduro, sucesor de Chávez, elegido presidente de Venezuela en abril de este año, sostuvo el pedido.

El 10 de septiembre de este año, luego de hacerse oficial el retiro de Venezuela de la Convención Americana, Maduro anunció la creación de El Noticiero de la Verdad, que será transmitido dos veces al día obligatoriamente por parte de medios privados y estatales para difundir actos oficiales y logros de su gestión.




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